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Irregularidades en el primer año de gestión de las autonomías

La gestión administrativa de las autonomías en sus primeros años de implantación ha constituido un cúmulo de irregularidades contables presupuestarias, de transgresiones de la legalidad en materia de contrataciones laborales y de adquisición de bienes y servicios, de descontrol y de dispendios. Esta situación ha sido desvelada por los informes realizados por el Tribunal de Cuentas en Cataluña, Galicia, Cantabria, Canarias, Baleares y La Rioja, fiscalizando la ejecución presupuestaria del primer ejercicio autonómico de cada comunidad.

Los citados informes, que han sido remitidos recientemente a las Cortes y al presidente del Gobierno, han provocado graves discrepancias internas en el Tribunal de Cuentas que han retrasado en varios meses la difusión de los mismos. Los informes, finalmente, una vez celebradas las elecciones legislativas en Galicia, han sido adjuntados a las Cuentas Generales del Estado correspondientes a 1981 y enviados al Parlamento con un voto particular de cuatro consejeros del tribunal (Carlos Ollero, Josep Subirats, Juan Mancebo y Pascual Sala).Los auditores indican en sus informes que buena parte de las irregularidades contables se han producido como consecuencia de los retrasos de la Administración central en el envío de los fondos correspondientes a competencias transferidas. Los Gobiernos autónomos, en muchos casos, se han visto obligados a financiar heterodoxamente la prestación de determinados servicios asumidos para evitar su paralización por el retraso de la Administración central en hacerles llegar las dotaciones correspondientes a los mismos.

La herencia de sistemas de contabilidad de las diputaciones, especialmente en el caso de las autonomías uniprovinciales, ha incidido en buena medida en el caos administrativo que han vivido estas comunidades en los primeros años de implantación de los Gobiernos regionales.

Páginas 14 y 15

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 19 de enero de 1986

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  • Primeras auditorías a Cataluña, Galicia, Canarias, Cantabria, La Rioja y Baleares