La crisis de Banca Catalana podría costar 3.000 millones de pesetas más al Estado

La crisis de Banca Catalana podría costar unos 3.000 millones de pesetas más al Estado si prospera la demanda judicial presentada por La Caixa contra Banca Catalana en la que reclama el pago de esta cantidad al exigir el cumplimiento de un contrato en el que esta última entidad figuraba como garante. La Caixa, que ya efectuó una primera reclamación de esta deuda en junio de 1983 (véase EL PAÍS de 15 junio de 1983), ha mantenido negociaciones, sin éxito, con el Fondo de Garantía, que se hizo cargo del banco y responsabilizó de los pasivos ocultos que aparecieran en el futuro para conseguir sus pretensiones.

El elevado coste de la crisis del grupo de Banca Catalana, que precisó unas ayudas del Banco de España y del Fondo de Garantía de Depósitos de 344.049 millones de pesetas, según la auditoría del Tribunal de Cuentas, y el control que éste órgano ha ejercido sobre el propio Fondo de Garantía, han impedido el alcance de un acuerdo que significase más gasto aún para el erario público. Ello ha forzado el recurso a la vía judicial.El conflicto arranca de 1979, cuando La Caixa y Banca Cata lana celebraron varios contratos cuya causa última era la de instrumentar un tipo de ayuda por parte de la entidad de ahorro a la bancaria para superar sus problemas de liquidez. Por una parte, la caja concedió un crédito hipotecario a Banca Catalana para la construcción del nuevo edificio y, por otra, compró el 7% de acciones de mismo banco por un valor nominal de 333 millones de pesetas y que, valora dos al 300% suponían, unos 999 millones de pesetas.

El contrato, que se efectuó a través de dos sociedades instrumentales de Banca Catalana, Acti, SA y Plau, SA -que como tales figuran en la querella-, y garantizado por la misma entidad, establecía un pacto de re compra por el que al vencimiento del mismo, al cabo de tres años y medio, los vendedores se comprometían a comprar las mismas acciones revaloraizadas al 14% anual. Además, La Caixa asumía el compromiso de suscribir las ampliaciones que se produjesen con objeto de mantener su proporción de capital, como efectivamente hizo en una primera emisión, que supuso una aportación de 200 millones de pesetas.

En diciembre de 1982, se efectuó la operación acordeón por la que se redujo el valor de las acciones de Banca Catalana a una peseta y procedió a una nueva ampliación de capital en la que La Caixa suscribió acciones por valor de 1.086 millones de pesetas, para mantener su cuota del 7% del capital y cumplir la obligación contractual de concurrir a todas las ampliaciones. La reclamación de 3.000 millones corresponde al valor de compra de todas estas acciones incrementado en el 14% anual pactado.Cuando La Caixa efectuó su primera reclamación en los primeros meses de 1983, el Fondo de Garantía de Depósitos, administrador de Banca Catalana y sus sociedades instrumentales, respondió que las acciones se habían reducido a una peseta en diciembre pasado y que por tanto este era su precio de recompra. No obstante, el secretario del Fondo de Garantía, Juan Antonio Ruiz de Alda, manifestó el 14 de junio de 1983 que el Fondo "seguirá haciéndose responsable de esta cuestión y la dilucidará".

Aunque la demanda actual de La Caixa va dirigida formalmente contra Banca Catalana, los efectos económicos de la misma repercutirán directamente contra el Fondo de Garantía de Depósitos. Ello es así en virtud del contrato de compra de Banca Catalana por el Banco de Vizcaya, en el que se estipulaba que el Fondo de Garantía asumía todos los pasivos ocultos que apareciesen, incluidas las obligaciones fiscales.

El actual recurso a la vía judicial equivale a la búsqueda de un arbitraje con fuerza ejecutiva que permita al Fondo de Garantía de Depósitos cumplir sus compromisos con suficientes garantías ante futuras inspecciones.