Los olvidados de la colza

EL SUMARIO del envenenamiento masivo por aceite de coiza adulterado, un caso que ha costado la vida a más de 360 personas y ha afectado gravemente a la salud de más de 20.000, sigue su marcha interminable por los juzgados, cinco años y medio después de que se registrara la primera víctima mortal del más grave fraude alimentario de la historia de España. A la complejidad del caso se ha sumado una larga instrucción del sumario -cerrado, reabierto y luego desdoblado para contemplar las posibles responsabilidades políticas de los cargos de la Administración-, lo que ha convertido el caso en un guadiana jurídico cuyo desenlace nadie se atreve a predecir.A las maniobras de distracción de la opinión pública, con la difusión de extrañas teorías sobre el origen de la enfermedad, se ha sumado la curiosa actitud del fiscal encargado de la acusación de los 41 procesados. Si las maniobras de intoxicación informativa han tenido la clara intención de sembrar dudas sobre la verdadera causa del envenenamiento, resulta difícil de entender la actitud del representante del Estado que en su última actuación (ver página 19) insiste en que se sobresea el caso contra 12 de los procesados, algunos de ellos con importantes posiciones en empresas aceiteras cuyos propietarios también están en el banquillo de los acusados. Cuando parece claro, más allá de cualquier duda razonable, que el agente transmisor del envenenamiento fue el aceite de coiza adulterado, resulta extraño que el fiscal no considere la actuación de personas implicadas en el tratamiento de un aceite que una vez adulterado se desvió para consumo humano.

Actualmente se encuentran procesadas 41 personas. Todas están en libertad provisional, excepto dos, que se encuentran huidas. La mayoría está acusada de delitos contra la salud pública, fraude o estafa, y algunos, por la mezcla de aceites con componentes cancerígenos. Todas ellas tienen, lógicamente, derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo. El juez Barcala, instructor del sumario, considerado un hombre reflexivo y ecuánime en medios jurídicos, ha atendido hasta el momento muchas de las peticiones de defensa, incluido un extraño peritaje del doctor Frontela que quedó en agua de borrajas, y no por culpa del juez.

Por otra parte, la decisión del juez Ismael Moreno de elevar a sumario las diligencias previas sobre la responsabilidad de altos cargos de la Administración en el envenenamiento masivo abre el camino para que se depuren las responsabilidades políticas en las que pudieron incurrir altos funcionarios de aquel Gobierno. Esa responsabilidad, de probarse, tendría una enorme importancia para la indemnización de las víctimas del envenenamiento, ya que el Estado se convertiría en responsable subsidiario de las cuantiosas indemnizaciones que habrían de abonarse.

El caso de la colza, como popularmente es conocido, debe ser tratado con la máxima prioridad y rigor por la judicatura porque se ha de convertir en una auténtica piedra de toque de la eficacia de la acción de ¡ajusticia a los ojos de muchos ciudadanos. Pese al tiempo que nos separa del drama -se habrán cumplido posiblemente seis años cuando se inicie la vista oral del juicio si las maniobras dilatorias no hacen éste imposible-, la opinión pública sigue esperando que se depuren responsabilidades en uno de los más dramáticos sucesos de la historia moderna de España.