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Campaña popular en Burgos para lograr que Renfe elimine los pasos a nivel que dividen la ciudad

Partidos políticos y asociaciones vecinales de Burgos están realizando insistentes llamadas de atención para que Renfe y las administraciones central, regional y local, lleguen a un acuerdo para afrontar la supresión de los pasos a nivel de la vía férrea que divide la ciudad en dos, acarreando numerosos accidentes, ruido, suciedad y grandes atascos de tráfico.El principal obstáculo para que todavía no se haya abordado esta obra estriba en que el deseo unánime de la ciudad de que el ferrocarril sea desviado o hecho subterráneo a su paso por el casco urbano no coincide con la oferta de Renfe y la Administración central, que abogan por una solución más económica pero menos eficaz, consistente en salvar la barrera del ferrocarril con pasos a distinto nivel.

La capital burgalesa, dividida ya de por sí urbanísticamente por imperativos geográficos derivados del río Arlanzón, que surca la ciudad, tiene en la vía férrea otra barrera urbanística mucho menos estética e infinitamente más molesta. De ello tienen buena prueba los automovilistas que inevitablemente pescan un atasco diario ante las barreras del tren y, sobre todo, los vecinos de los barrios del sur de la ciudad, que son quienes más padecen los múltiples inconvenientes derivados del tren.

La actual vía férrea, que en el momento de su trazado quedaba un tanto alejada del centro de la ciudad, se ha ido quedando, conforme con el tiempo se iba extendiendo la población, en una zona del casco urbano densamente poblada. "Esto nos acarrea muchas molestias, sobre todo si se tiene en cuenta que, dado el movimiento de la estación de Burgos, Más o menos cada cuarto de hora pasa un tren, con la consiguiente bajada de banderas, atascos de tráfico, ruido, suciedad, etcétera, que conlleva", señala Miguel Ángel Andrés, miembro de la asociación de vecinos El Crucero, uno de los barrios afectados.

Este barrio, al igual que el de San Julián, Santa Dorotea o los de la calle de Madrid, ven como solución más positiva el desvío o hacer subterráneas las vías del ferrocarril, contemplada en el plan de ordenación urbana de la ciudad. "Cualquier otro sistema sería poner parches, pero de momento y hasta que se ejecuten las obras, lo que consideramos urgentísimo es el tapiado de todo el recorrido urbano del ferrocarril, evitando que los niños jueguen en la vía y que los no tan niños la atraviesen por donde nada les garantiza que no vayan a ser atropellados", dice Miguel Andrés.

Lo atropellos en los últimos años han sido numerosos, algunos de ellos mortales, y los vecinos se quejan de que las barreras de los pasos a nivel sean mecánicas en vez de manuales, sistema que garantizaría una mayor seguridad para el peatón y supondría "únicamente para Renfe tres puestos de guardabarreras; pero da la impresión que para este organismo los trenes sólo son peligrosos para los automovilistas", señala, José Antonio Garmilla, de la asociación de vecinos Nuestro Barrio, que cuenta con 25.000 habitantes.

"Lo curioso es que Renfe lo único que se ha molestado en tapiar es el paso casi obligado de los vecinos de Rivalamora, lo que hace que éstos tengan que recorrer 800 metros adicionales para colocarse enfrente de su casa". Más que atajar el peligro, este muro, bautizado por los vecinos como el muro de la vergüenza, casi crea más problemas, ya que los afectados, sobre todo cuando tienen prisa, optan por saltarlo.

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EL tema del ferrocarril, en cuya depresión coinciden todos los grupos políticos y ciudadanos, ha sido objeto de numerosas gestiones y peticiones por parte del Ayuntamiento y parlamentarios de la ciudad. La última pregunta al Gobierno, por parte de los senadores del Grupo Popular Vicente Mateos y Agustín de la Sierra, fue contestada hace unos días por éste en el sentido de que los estudios de Renfe prevén como solución salvar la barrera del ferrocarril mediante pasos a distinto nivel, desechando la solución del Ayuntamiento de hacer subterráneo su trazado por demasiado costosa; esta obra costaría 4.000 millones, y la aportación efectuada en su día por la Administración central fue de 500 millones.

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