Galicia, la primera violación de la ley Electoral
La campaña electoral autonómica en Galicia del pasado mes de noviembre supuso la primera violación flagrante de las limitaciones a los gastos previstas en la ley Electoral, consensuada entre las dos formaciones mayoritarias. Aunque nadie lo admita en público, para evitar las sanciones previstas en la normativa legal, miembros de las ejecutivas socialista, de AP y de Coalición Galega reconocen en privado que el tope de 192 millones de pesetas que la ley Electoral autorizaba a gastar en la campaña gallega a cada uno de ellos fue ampliamente sobrepasado.
Resulta casi imposible calcular con exactitud los gastos realizados por los principales partidos durante la campaña gallega. El CDS, que dispuso de poco más de 30 millones para estas elecciones, trató de realizar algunas investigaciones sobre las cantidades invertidas por algunas formaciones rivales; José Ramón Caso, secretario general del partido suarista, llegó a decir que la campaña de AP había costado 600 millones y los propios dirigentes de Alianza Popular manejan la cifra de "al menos 400 millones" de pesetas invertidos en Galicia durante el mes de noviembre.
Sin embargo, la falta de transparencia en los datos ofrecidos tanto por los propios partidos como por agencias de publicidad y otras entidades involucradas en la campaña hicieron aparentemente imposible culminar la investigación.
También el presidente de Coalición Galega, Antonio Díaz Fuentes, prometió públicamente realizar un informe acerca de lo que cada partido había gastado en la campaña después de que, al inicio de ésta, el inspirador de la operación reformista, Miquel Roca, denunciase que "muy posiblemente" los dos grandes, PSOE y AP, iban a incumplir las limitaciones de gastos de la ley Electoral. Pero nunca volvió a hablarse del informe Díaz Fuentes, posiblemente, entre otras cosas, porque CG también sobrepasó finalmente -"aunque por muy poco", puntualizan dirigentes reformistas- el tope de los 192 millones.
