García Pelayo abandonará el Tribunal Constitucional en febrero, coincidiendo con la renovación de cinco magistrados

El presidente del Tribunal Constitucional, Manuel García Pelayo, confirmó ayer que presentará su renuncia al cargo hacia el 15 de febrero próximo, anticipando su marcha unos cuatro meses y medio, ya que el 4 de julio terminaba su segundo mandato al frente del tribunal y, de acuerdo con la ley orgánica de este organismo, no podía ser reelegido para el mismo. García Pelayo afirmó ayer. "Puesto que en febrero ha de renovarse legalmente una buena parte del tribunal, me ha parecido lógico que el conjunto de los magistrados elija a un presidente de su confianza". Dijo también que su decisión, aunque se ha conocido ahora, "la comuniqué al pleno del tribunal el 10 de noviembre pasado, y consta en acta que anuncié mi propósito de presentar la renuncia hacia el 15 de febrero".

García Pelayo, en conversación telefónica, aseguró: "Si mi marcha definitiva hubiera de producirse dentro de más tiempo, me hubiera planteado la posibilidad de seguir, pero teniendo por delante poco más de cuatro meses no me ha parecido lógico crear una situación de interinidad, que no hubiera sido conveniente para el funcionamiento del propio tribunal, precisamente por ser un período de interinidad muy corto". García Pelayo aclaró también que su renuncia anticipada incluye no sólo la presidencia, sino también su condición de magistrado del tribunal.De acuerdo con la ley orgánica del Tribunal Constitucional, los 12 magistrados que lo integran se sustituyen por tercios cada tres años y se sortea a los miembros que deberán ser renovados, de acuerdo con su origen electivo.

El pasado 31 de octubre el alto tribunal procedió a este sorteo, del que resultó que deben cesar en febrero dos magistrados elegidos en su día por el Gobierno de UCI) -Jerónimo Arozamena, que ostenta la vicepresidencia del tribunal, y Rafael Gómez Ferrer-, junto con los dos elegidos por el Consejo General del Poder Judicial, Angel Escudero del Corral y Francisco Pera Verdaguer, ambos magistrados del Tribunal Supremo.

A estas cuatro sustituciones se suma la del magistrado Manuel Díez de Velasco -elegido por el Congreso de los Diputados-, que el pasado 18 de octubre hizo pública su intención de dimitir antes de febrero próximo, con lo que son cinco, de los 12 miembros que in tegran el Tribunal Constitucional, los que habrán de sustituirse el próximo mes de febrero.Sin presiones

En este dato apoya García Pelayo su anuncio de dimisión. Al preguntarle si su marcha guarda relación con algún tipo de presión política o con algunas críticas de los partidos por la lentitud con que se produce el tribunal, respondió con énfasis: "Absolutamente ninguna. No ha, existido ningún tipo de presión, de ninguna naturaleza".

El Tribunal Constitucional tiene pendientes de fallo asuntos tan importantes como los recursos sobre la ley expropiatoria de Rumasa o la ley orgánica del Poder Judicial, por lo que hace a la elección de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial por el Congreso y el Senado. García Pelayo negó también que su marcha tenga algo que ver con la tensión política que estos asuntos han generado. "Como le he dicho", añadió, "comuniqué mi decisión al pleno el 10 de noviembre pasado; nada tiene que ver con los asuntos pendientes".

Al preguntarle si habrá sentencia sobre estos asuntos antes de su marcha de la presidencia, García Pelayo respondió: "No lo sé. Es una cuestión jurisdiccional, sobre la que no puedo hacer comentarios" y negó que su marcha pudiera interpretarse por la opinión pública como un deseo de dejar. sus funciones para evitar la conflictividad de estos temas.

García Pelayo dijo también que no quería pronunciarse sobre un posible exceso de los políticos a la hora de plantear conflictos ante el Tribunal Constitucional. "Es un tema para hablarlo con más calma", dijo. "En todo caso, yo siempre he reconocido el derecho de, los políticos a acudir ante el tribunal, porque es un derecho que está en la ley y que yo no puedo discutir".

Elegirá el Senado

Sobre un posible balance de su gestión al frente del tribunal durante casi seis años -García Pelayo fue reelegido en 1983-, el actual presidente dijo que "para hacer ese balance hace falta una perspectiva que en este momento no tengo. Pero sí se puede pensar en que comencé en el momento fundacional y que hemos puesto en marcha la institución, con aciertos y desaciertos, sin duda alguna".

Respecto al perfil de su suscesor, García Pelayo declinó pronunciarse, asegurando que "eso compete exclusivamente a los magistrados cuando lo elijan".

García Pelayo fue elegido magistrado del Tribunal. Constitucional en 1980, por elección del Senado, de forma que su vacante, una vez que sea efectiva y se ponga en marcha el trámite de renovación, será cubierta por otro magistrado que habrá de elegir esta misma Cámara.