Una instrucción que dura ya dos años

El procesamiento del concejal Emilio García Horcajo es el décimo de los decretados por presunta imprudencia temeraria con resultado de muerte por el juez Jacobo López Barja de Quiroga, en relación con el incendio de la discoteca Alcalá 20. En la madrugada del 17 de diciembre de 1983, día en que ardió la discoteca a causa de un chispazo que prendió en unos cortinajes, Jacobo López Barja de Quiroga, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, estaba de guardia. El juez se presentó de inmediato en el lugar de la tragedia y comenzó una compleja labor de instrucción.Los cinco empresarios de la discoteca, Doroteo Martín, Juan Antonio Iglesias, Emilio Urdiales, Pedro Rascón y Carlos Mendoza, ingresaron por orden del juez en la prisión de Carabanchel el mismo día de la tragedia. El 3 de enero de 1984 fueron procesados por presunta imprudencia temeraria, y el siguiente, tras prestar cada uno fianza de 10 millones de pesetas, quedaron en libertad provisional, situación en la que siguen en la actualidad.

El único seguro por responsabilidad civil de Alcalá 20 conocido es una póliza que cubre daños por cinco millones de pesetas, a nombre de Lido, denominación del local antes de convertirse en discoteca.

Cuando estaba a punto de cumplirse el primer aniversario del suceso, Jacobo López Barja de Quiroga decretó cuatro nuevos procesamientos por presunta imprudencia temeraria: los del decorador Carlos Giganto, el arquitecto Juan Velasco, el ingeniero técnico industrial Miguel Gabaldón y el funcionario público Guillermo Herranz. El juez, como ha hecho con el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, decretó la prisión para todos ellos o el pago de una fianza de 100.000 pesetas por cabeza. A los cuatro se les acusa también de falsedad en sus dictámenes sobre la situación de Alcalá 20, en los que no daban cuenta de numerosas irregularidades.

El más significativo de estos procesamientos fue el de Guillermo Herranz, miembro de la Junta Consultiva Inspectora de Espectáculos, dependiente del Ministerio del Interior, porque ello significó que se declaraba al Estado como responsable civil subsidiario en este asunto. Esta decisión supone que, en caso de que el funcionario sea condena do y ni él ni los otros posibles condenados reúnan dinero suficiente para pagar las indemnizaciones a las víctimas y sus familiares, éstas correrían a cargo del Estado. La fianza establecida por el juez López Barja de Quiroga para afrontar esas eventuales indemnizaciones es de 950 millones de pesetas.

El siguiente paso de la instrucción consistió en determinar si el Ayuntamiento de Madrid tiene responsabilidad en la tragedia, como afirma el abogado Antonio García de Pablos, representante de las familias de 46 de los 82 fallecidos. El pasado octubre, el juez llamó a declarar al alcalde de Madrid, Enrique Tierno. El juez comprobó que era cierta la afirmación de Tierno según la cual desde seis meses antes del incendio tenía delegadas sus funciones en materia de seguridad en Emilio García Horcajo. García de Pablos señaló ayer que con el pro cesamiento del concejal, son dos los posibles responsables civiles subsidiarios: el Ayunta miento y el Estado.