25.000 expedientes atrasados de infracciones urbanísticas, enviados a las juntas de distrito

El concejal Enrique Villoria, de Alianza Popular, criticó ayer en conferencia de prensa el traspaso de 25.000 expedientes atrasados de infracciones urbanísticas a las 18 juntas municipales de distrito, mientras que el portavoz del Grupo Popular, José María Álvarez del Manzano, calificó de insólito el decreto de la alcaldía por el que delega en la persona del concejal responsable de Régimen Interior, José María de la Riva, la competencia de contratación de personal laboral y eventual.

Para Villoria, la decisión de delegar las competencias de expedientes urbanísticos "no resueltos, en muchos casos, desde hace tres o cuatro años" en las juntas municipales es descabellada, porque las juntas "no cuentan con personal idóneo para llevar a cabo con éxito este trabajo".

El concejal aliancista declaró que es "la clásica fórmula para esquivar responsabilidades" y denunció también la pretensión municipal de otorgar a una empresa privada la resolución de dichos expedientes, cuando "esta función es la columna vertebral de los ayuntamientos". Según Villoria, los presupuestos municipales de 1986 recogen una partida de 15 millones para este cometido.

La delegación de la alcaldía en la persona del responsable del área de Régimen Interior, José María de la Riva, de los asuntos de contratación de personal laboral y eventual y nombramiento de directores de servicios fue calificada por el democristiano y portavoz del Grupo Popular, José María Álvarez del Manzano, como "algo insólito", ya que "nunca se había dado el caso de que la contratación de personal se atribuya a una sóla persona física".

Tipo de contratos

Álvarez del Manzano añadió que "en un momento preelectoral da miedo pensar qué criterios van a regir para dicha contratación", y mostró su preocupación por el tipo de contratos que se firman, en los que una cláusula obliga a los eventuales a renunciar a las indemnizaciones a que pudieran tener derecho, "cuando éste es un derecho irrenunciable".En este sentido, recordó el carácter de trabajadores autónomos que se ha dado a los futuros vigilantes nocturnos, cuando, en su opinión, "deberían depender laboralmente de la Policía Municipal", y criticó el sistema de selección de serenos porque "se les obligó a pagar 3.000 pesetas por acceder a unas pruebas que desconocían previamente", lo que provocó rechazos por no cumplir los requisitos mínimos.

Sobre el Plan Piloto de Prevencióri de la Delincuencia, que empezará a funcionar en los barrios de Sari Blas, Pan Bendito y Orcasitas, el portavoz del Grupo Popular dijo que "deberían haber incluido también Los Cármenes y Maravillas".