El subsecretario de Interior reclama en Francia mayor presión contra ETA
El subsecretario del Ministerio del Interior, Rafael Vera, se entrevistó el pasado viernes en París con altos funcionarios del departamento de Interior francés para reforzar la colaboración en la lucha antiterrorista contra ETA que sostienen estrechamente los dos Gobiernos. Vera viajó reservadamente a París desde Melilla, donde estuvo informándose personalmente del conflicto de la comunidad musulmana por la aplicación de la ley de extranjería, y regresó a Madrid a mediodía de ayer.
Vera, según fuentes gubernamentales, requirió una mayor agilización de las medidas francesas contra los activistas de la organización terrorista en diferentes frentes, que se concretan en la retirada del estatuto de refugiado que algunos miembros de la organización terrorista poseen, así como de permisos de residencia. Vera solicitó tambien impulsar las deportaciones de los terroristas que se encuentren en situación irregular en Francia y activar la localización y detención de los etarras en situación de busca y captura por Interpol.Actualmente, están pendientes algunas deportaciones de miembros de ETA, entre ellas la del dirigente histórico de la organización Isidro María Garalde Edialauneta, alias Mamarru, encarcelado en Francia y que estuvo a punto de ser deportado a las islas Seychelles.
Las mismas fuentes han informado que Vera -que mantiene ftecuentes contactos con sus colegas franceses- ha reclamado un mayor impulso en la persecución de los etarras y, especialmente, en la cúpula de la organización, que ha sufrido en los dos últimos años algunas bajas, por arrestos y deportaciones, aunque no suficientes para los intereses españoles.
Tras la 'tregua técnica'
Algunas fuentes consideran que esta visita de Vera a París, después de la tregua técnica de ETA y el posterior reinicio de los atentados terroristas, puede tener el objetivo de iniciar una nueva etapa de presión en suelo francés contra ETA.Vera también ha insistido en reforzar el acuerdo suscrito entre los dos gobiernos en junio de 1984 por el cual se comprometían a "facilitar el retorno y el establecimiento en España de ciudadanos españoles que por razón de su pasada actividad salieron del país y se encuentran actualmente en Francia y sobre los que no pesa ningún tipo de reclamación judicial o de la policía". España facilitó a Francia una lista de unas 200 personas.
