Hacienda ha ultimado un texto que da cobertura legal a la ORA

El Ministerio de Economía y Hacienda ha ultimado ya un decreto-ley que recoge explícitamente la legalización de la Ordenanza de Regulación de Aparcamiento (ORA) madrileña, informó ayer Europa Press. Un portavoz del ministerio confirmó ayer la noticia, aunque rechazó el término legalización, en torno al cual se ha desatado una polémica. Para el Ayuntamiento de Madrid, el decreto-ley simplemente clarificará un problema jurídicamente ambiguo o confuso. Para la oposición, la medida demuestra implícitamente que la ORA, creada en 1980, es ilegal y debe suspenderse.

El portavoz ministerial, que confirmó que ya está preparado el decreto-ley, añadió que éste aún no ha sido aprobado. Primero deberá pasar por la comisión de subsecretarios y, luego, habrá de ser aprobado en Consejo de Ministros. La comisión de, subsecretarios se reúne hoy, jueves, aunque ayer no se pudo confirmar si el asunto figura en el orden del día. El portavoz ministerial no se responsabilizó del empleo de la palabra "legalización" para describir el contenido de la norma legal.El artículo 4º del borrador del decreto-ley señala textualmente: "Los Ayuntamientos podrán establecer tasas para la regulación y control del tráfico rodado y estacionamiento de vehículos en las poblaciones, independientemente de los gravámenes vigentes hasta la fecha". El texto va dirigido a cubrir las lagunas jurídicas creadas en tomo a la instauración de la ORA madrileña y otras ordenanzas similares adoptadas después en varias ciudades de toda España, que impusieron tasas por aparcamiento basadas en un decreto-ley de 1976. José María Álvarez del Manzano, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento madrileño, afirmó ayer que el decreto de 1976 no sólo no era una cobertura legal suficiente para la implantación de la ORA sino que, al contrario, la ordenanza madrileña contravenía su contenido y otras disposiciones.

"Suspensión inmediata"

Desde 1980, el portavoz de la oposición municipal ha denunciado que, precisamente según el decreto-ley de 1976, el impuesto de circulación, vigente aún, es incompatible con la existencia de otro tipo de tributos o tasas. Álvarez del Manzano sostiene que el Ayuntamiento no dispone de capacidad legal para crear nuevos tributos o tasas y, por úItimo, que la ORA es de contenido contradictorio, puesto que la tasa de aparcamiento se cobra por la vigilancia de los vehículos, "vigilancia que nunca se ha ejercido"."Para la oposición", afirmó ayer Álvarez del Manzano, "el decreto-ley que ha preparado Hacienda viene a demostrar implícitamente lo que llevamos defendiendo desde 1980, que la ORA ha sido ilegal desde el principio, y aún lo es, por lo que debería suspenderse inmediatamente. Desde luego, hay que anular todos los procedimientos en curso de cobro de sanciones".

El portavoz de la oposición se preguntó quien se hará cargo ahora de las indemnizaciones que habría que abonar, en buena ley, a todos los madrileños que durante estos años han pagado las multas y las tarjetas.

La versión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid es diametraIrriente opuesta. Emilio García-Horcajo, responsable del área de Seguridad, Circulación y Transportes, afirmó que el borrador de Economía y Hacienda no autoriza a pensar que la ORA no tenía base legal: "El decreto-ley", dijo García Horcajo, "aún está en tramitación, por lo que me parece un poco prematuro hacer declaraciones, pero lo que sí puedo adelantar ya es que en absoluto pone en tela de juicio la legalidad de la ORA. Lo único que hace, y es muy positivo, es acabar de una vez por todas con una situación confusa, producida a raíz de una única sentencia condenatoria para el Ayuntamiento".

Valentín Medel, concejal del Ayuntamiento de Madrid y responsable de la Comisión de Circulación y Transportes de la Federación Española de Municipios y Provincias -entidad que ha colaborado con el ministerio en la elaboración del decreto-ley-, afirmó ayer que esta norma mejorará "la redacción del texto del decreto-ley de 1976 bajo el cual se han regulado los estacionamientos en la mayoría de las ciudades españolas para evitar lagunas de interpretación que han causado alguna desinformación a los ciudadanos".