La policía desconoce la identidad del denunciante de Iborra

El denunciante de Vicente Iborra, el empresario valenciano acusado de apropiación indebida y falsificación de documentos mercantiles, logró entrevistarse con la policía sin que fuera posible su identificación. Los agentes quedaron perplejos ante las medidas de seguridad que adoptó el informador, que consiguió ocultar su identidad durante el prolongado encuentro que mantuvo con los inspectores. Esta persona, que conocía con todo lujo de detalles el funcionamiento de la Sociedad Anónima Valenciana de Aparcamientos (SAVE), fue quien denunció las irregularidades de la empresa, propiedad del presidente de la patronal valenciana, Vicente Iborra.

El informante se entrevistó con el jefe del Grupo de Estafas de la Brigada Judicial de Barcelona y con uno de sus inspectores, sin que los policías pudieran ver su rostro. La policía criticó ayer los sistemas de control técnico de Aviación Civil al considerar inapropiadas e insuficientes las medidas de control de estancia de vehículos en los aparcamientos de los aeropuertos españoles.La policía, que en estos momentos posee abundante documentación sobre la contabilidad de SAVE, cree que podrá obtener, a finales del próximo mies de diciembre, una cifra aproximada de la presunta defraudación llevada a cabo por la empresa, cantidad que, según los investigadores, puede alcanzar varios cientos de millones de pesetas. SAVE explotaba la con6esión de 11 aparcamientos en otros tantos aeropuertos-nacionales desde hace 12 años. La policía recalcó ayer que la inspección no se produjo por una investigación oficial, sino por la denuncia de un desconocido.

Vicente Iborra aseguró ayer que quiere pensar "que no existen motivos políticos" en el asunto que afecta a SAVE. Iborra afirmó que descartaba esta argumentación, "aunque pensar en, esto sería lo más fácil para mí. La justicia en España está por encima de todo esto y el hecho de que mi persona se vea afectada no puede variar el concepto sobre los empresarios ni sobre la justicia".

Acta de registro

La confidencia efectuada por un desconocido, hace aproximadamente un mes, movilizó al Grupo de Estafas de Barcelona, cuyo jefe se trasladó a Valencia la pasada semana con varios de sus agentes. Los datos aportados por el enigmático denunciante . eran tan claros, concretos, contundentes y ciertos, que nos pusimos a investigar inmediatamente", según explicó ayer uno de los investigadores. El acta de registro ha sido firmado. por varios trabajadores de la empresa.Los agentes se presentaron ante Juan Bautista Cremades, titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia, a quien explicaron los detalles de la denuncia y el juez autorizó el registro inmediato de la sede de la citada empresa. Juan Bautista Cremades es el juez que dictó auto de procesamiento contra el alcalde de la localidad gerundense de Jafre (Gerona), Josep Grau, por un presunto delito de alzamiento de bienes, en julio de 1984, y que condenó, en abril, a seis subasteros de Valencia.

Cuando los investigadores llegaron a las oficinas de SAVE, situadas en el número 11 de la calle del Cronista Carreres, sólo encontraron a dos empleados de la empresa. No había libros contables y los trabajadores de SAVE no pudieron contestar a las preguntas básicas de los agentes, cuando quisieron conocer de qué forma se llevaba la contabilidad de los 12 aparcamientos de otros tantos aeropuertos explotados por SAVE.

Según fuentes próximas a la investigación, uno de los agentes abandonó el despacho donde se estaba efectuando el registro y observó un armario ropero ' que se encontraba en el pasillo del piso. Una de las cuatro perchas del armario estaba floja y, al tocarla, se abrió una puerta que daba acceso a un zulo donde se encontraron libros contables que permitieron comprobar que las denuncias eran ciertas.

Vicente Iborra, por su parte, manifestó ayer su extrañeza por las informaciones aparecidas en torno al hallazgo de un zulo en las dependencias de la empresa "maxime cuando esas noticias", recalcó el empresario valenciano, se atribuyen a fuentes oficiales, precisamente con la circunstancia de que el juez Juan Cremades haya decretado secretas las diligencias sobre el caso". Iborra explicó que SAVE alquilé los locales después de que allí hubiese estado ubicada la sede del Banco Hispano Americano. "Los locales", afirmó Iborra, "están exactamente en las mismas condiciones físicas que cuando los recibimos del inquilino anterior; hacer referencia a la existencia de un zulo es absurdo".

En el interior del zulo, se encontraron varios libros, uno de los cuales refleja la contabilidad del aeropuerto barcelonés de El Prat. La policía cotejó uno de los meses del libro y encontró una diferencia de cinco millones de pesetas entre lo facturado- por SAVE y lo abonado por la empresa a Aviación Civil.

Al parecer, el sistema presuntamente utilizado por SAVE -según la policía, todos los trabajadores sabían que se efectuaba la de fraudación- consistía en contar por una sola hora de estacionamiento todos los tickets que superaban las 310 pesetas. La policía ha encontrado unas muescas rojas en todos los tickets que luego fueron adulterados.