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Un informe del Senado pide que se investiguen las cuentas de los presuntos traficantes de droga

La ponencia de la Comisión investigadora del Senado sobre tráfico y consumo de drogas ha concluido el informe elaborado durante más de un año por sus 25 miembros, (uno de ellos, el socialista Francisco Pérez, fallecido el jueves pasado), que será debatido hoy en comisión y el próximo 28 de noviembre en un pleno monográfico especial. El control de operaciones bancarias y de capital de los presuntos traficantes, así como la coordinación institucional y la colaboración entre Estados, son algunas de las novedades del informe.Para el ponente socialista Ángel Luna, la singularidad del dictamen reside en qué considera el origen del problema de las drogas desde una perspectiva social y cultural, lo mismo que su tratamiento, además de los aspectos legales y penales que para su erradicación señala. Para Enrique Ramón Fajarnés, ponente del Grupo Popular, el dictamen muestra la unanimidad de la comisión investigadora en temas como la coordinación institucional para combatir el problema de las drogas y en el seguimiento de las operaciones bancarias de los traficantes.

Los redactores del texto ponen de relieve que el mercado de drogas ilícitas es, en esencia, un sistema de explotación de los sectores .juveniles, que son obligados a colaborar en la distribución y a pagar la adicción a las drogas mediante trabajo lícito o ilegal, todo lo cual se orienta a "la elevación anual del beneficio de los medianos y grandes traficantes, que luego blanquearán su capital con la colaboración de redes financieras internacionales".

Respecto a la reducción de la oferta de drogas, el texto separa claramente consumidores y traficantes, por entender que su identificación llevaría a marginar a un número creciente de jóvenes españoles que no trafican.

Entre los aspectos nuevos del combate contra las drogas, el informe destaca aspectos preventivos como la educación para la salud desde la escuela, las campañas de disuasión mediante agentes creíbles y otros como la investigación de los circuitos económicos seguidos por el dinero procedente del tráfico de drogas. Subraya, igualmente, el empleo por los traficantes de mecanismos como el secreto bancario para ocultar los beneficios recibidos por este mercado ilícito y se pronuncia por la investigación de los bienes de sus familiares y testaferros.

A la consideración del abuso y dependencia de drogas como una enfermedad social, en cuyo tratamiento juegan un papel decisivo, según el informe, la voluntariedad del enfermo y la actitud de las instituciones sociales, el texto incorpora una serie de medidas preventivas, para aplicar por parte de las Administraciones Públicas, desde una perspectiva de coordinación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de noviembre de 1985