Acciones judiciales de la Xunta contra el Gobierno central por "coacciones" a un 'conselleiro'

El Gobierno autónomo gallego anunció ayer su intención de iniciar acciones judiciales y enviar una nota al Ministerio del Interior por lo que considera una presunta coacción a un conselleiro, sin respeto alguno para su función institucional.Los hechos ocurrieron el miércoles, en Salvatierra de Miño (Pontevedra), cuando la Policía Nacional, cumpliendo órdenes del Gobierno Civil de Pontevedra, impidió que el conselleiro de Ordenación del Territorio, Ángel Mario Carreño, cumpliese los trámites de recepción y entrega del transbordador que debe unir esa zona con la localidad portuguesa de Monção. Las obras fueron financiadas en su totalidad por la Xunta, con una inversión de 60 millones de pesetas.

La policía obligó al conselleiro a descender del transbordador, de forma que éste no pudo firmar en el momento el acta de entrega, a pesar de mostrar incluso su documentación a los agentes. El portavoz del Gobierno autónomo, José Luis Barreiro, afirmó que se había impedido por la fuerza el acceso al conselleiro y al interventor general, y que todo eso debería dilucidarse ahora en el juzgado.

El Gobierno Civil de Pontevedra no permitió la inauguración del transbordador, al no haberse cumplido algunos trámites administrativos previos, y eso provocó los primeros roces con la Administración autonómica, tras la intervención del delegado general del Gobierno, Domingo García Sabell, como informó EL PAIS en su edición del miércoles.

Estos hechos han contribuido a caldear el ambiente en el inicio de la campaña electoral para renovar el Parlamento autónomo.