Rechazadas las enmiendas a la totalidad de la ley para cesión del patrimonio sindical

El pleno del Congreso de los Diputados rechazó ayer las enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Popular, el Grupo Vasco y el diputado comunista Fernando Pérez Royo contra el proyecto de ley de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado. La votación final registró un total de 268 sufragios, de los cuales 65 fueron favorables a la devolución del proyecto al Gobierno, 201 contrarios a esta pretensión y dos se abstuvieron. A las 20.20 horas, momento en que se celebró la votación, había 23 diputados de Coalición Popular en sus escaños.El proyecto de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado pretende, por una parte, la devolución a los que puedan ser sus legítimos dueños del que se ha llamado patrimonio sindical histórico, referido al patrimonio de las centrales sindicales existentes antes de la guerra civil de 1936-1939. Pretende también la distribución del llamado patrimonio acumulado, que es el que en su día tuvo como titular a los sindicatos verticales del régimen anterior.

El debate, que se inició con una exposición por parte del ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, alcanzó momentos de tensión durante la intervención del diputado del Grupo Popular Fernando Suárez, que pedía la devolución del proyecto. Voces y pateos en los escaños socialistas respondieron con frecuencia a una intervención cuajada de teatralidad parlamentaria por parte de Suárez.,

El diputado conservador se opuso al proyecto por entender que, respecto al llamado patrimonio histórico, debe jugar la institución de la prescripción, es decir, el transcurso de más de 30 años que con carácter general establece el ordenamiento jurídico para poder reivindicar la titularidad o la propiedad de los bienes.

Con respecto al patrimonio acumulado por los sindicatos verticales, Suárez ironizó afirmando que, si la izquierda mantuvo siempre que aquéllos no eran tales sindicatos, sin embargo, "ahora resulta que lo único que había de sindical en aquella organización era el patrimonio". Acusó al Gobierno de ignorar incluso cuantos y cuáles son los bienes que la ley se propone redistribuir y defendió la idea de que el patrimonio acumulado con las cuotas obligatorias de empresarios y trabajadores durante el régimen anterior no debe volver sólo a los sindicatos, sino ser utilizado por la Administración con fines más amplios, de los que pueda favorecerse el mayor número de sectores sociales.

Andoni Monforte, por el Grupo Vasco, se opuso al proyecto respecto de las previsiones de distribución del patrimonio de la antigua organización sindical franquista. El proyecto de ley establece que esos bienes se cederán en uso a las centrales, pero sin que éstas alcancen la propiedad, o titularidad plena de los mismos. Monforte y su grupo defienden la idea de la plena propiedad de los bienes que se redistribuyan.

El diputado comunista y miembro del Grupo Mixto Fernando Pérez Royo criticó el proyecto por tardío e inadecuado y por no respetar la neutralidad de los poderes públicos, así como por la falta de inventario y de valoración de los bienes sindicales. Propuso la creación de un órgano, con participación sindical al 50% en su composición, para que decida sobre la distribución de esos bienes.

Manuel Chaves, en nombre del Grupo Socialista, se opuso a la devolución del proyecto por entender que se trata de un acto de reparación histórica y acusó a la oposición de "intentar ocultar con argumentos jurídicos su voluntad política de no devolver el patrimonio histórico sindical".

Minoría Catalana mostró su apoyo al Gobierno en cuanto a la totalidad del proyecto, aunque anunció importantes discrepancias con el articulado.