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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

¿Negociaciones o conversaciones con EEUU?

MÁXIMO CAJAL, secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores, y Thomas Enders, embajador de Estados Unidos en España, se reúnen hoy en Madrid, al frente de dos delegaciones integradas por diplomáticos y militares, para examinar cuestiones relacionadas con la presencia norteamericana en nuestro territorio. En el debate sobre el estado de la nación celebrado en octubre de 1984, Felipe González yuxtapuso la propuesta formal de continuidad de España en la OTAN con la revisión de nuestras relaciones bilaterales con Estados Unidos en el sentido de "proceder a un ajuste, en la dirección de una progresiva menor presencia de fuerzas en nuestro territorio y de instalaciones de apoyo".Si bien el Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación entre España y los Estados Unidos de América -firmado por el Gobierno centrista en julio de 1982 y ratificado por la mayoría parlamentaria socialista en abril de 1983- tiene una vigencia de cinco años (prorrogados automáticamente, salvo denuncia, por períodos de un año), su articulado establece también que las partes podrán iniciar "negociaciones" para la "posible revisión o modificación" del cuerpo del acuerdo o de sus abundantes convenios complementarios y anejos. Contra lo que han venido afirmando los medios oficiales españoles, no es una cuestión bizantina averiguar si la materia de la reunión diplomática convocada para hoy serán unas simples conversaciones en torno a la situación de nuestras relaciones con Estados Unidos o, por el contrario, el arranque de unas negociaciones formales para la revisión de aquellas partes del convenio que determinan con exactitud tanto el número y localización de las bases y establecimientos donde existen instalaciones de apoyo "para su utilización y mantenimiento por las Fuerzas de los Estados Unidos de América" como las cifras de personal militar y civil a su cargo. En alguna ocasión, altos mandatarios del Gobierno han despachado la pregunta sobre la manera de designar la agenda del encuentro hoy iniciado con la respuesta de que la distinción entre conversaciones y negociaciones es una cuestión semántica. De eso se trata precisamente: de que las dos palabras no son sinónimas y tienen distinto significado, tanto en su uso coloquial como en sus acepciones técnicas. Baste con recordar el entusiasmo -justificado- del Gobierno socialista al lograr que el término negociaciones figurase en la declaración hispano-británica sobre Gibraltar.

Estados Unidos mantiene y utiliza actualmente en España tres bases aéreas (Torrejón de Ardoz, Zaragoza y Morón), una base naval (Rota), siete estaciones de comunicaciones o de observación (en Humosa, Inogés, Estartit, Sóller, Menorca, Guardamar del Segura y Estaca de Bares), un polvorín y depósito de combustibles (en Cartagena) y una estación meteorológica y sismológica (en Sonseca). Las bases de Rota y Zaragoza están comunicadas por un oleoducto de 780 kilómetros de longitud. Unos 12.500 militares y alrededor de unos 1.700 civiles de nacionalidad estadounidense, cuya situación jurídica en nuestro territorio se halla regulada también por el convenio, realizan las tareas de entretenimiento y administración, de esas instalaciones. Algunos expertos militares opinan que los avances tecnológicos y los cambios en los escenarios geoestratégicos producidos durante las dos últimas décadas -el primer convenio fue firmado en 1953- han modificado sustancialmente la utilidad de las primitivas localizaciones militares, de forma tal que las bases aéreas de Torrejón de Ardoz (a las puertas mismas de Madrid) y de Zaragoza podrían ser abandonadas por Estados Unidos sin mayores problemas para sus dispositivos de seguridad y sin grandes perjuicios para sus despliegues operativos. El desmantelamiento total o parcial de ambas bases implicaría el regreso a su país de más de la mitad del personal militar y civil estadounidense residente hoy en nuestro territorio.

Sucede, sin embargo, que la reducción de los efectivos norteamericanos en España no afecta sólo a las dimensiones logísticas de las bases aéreas hoy en funcionamiento, sino que se relaciona también con planteamientos políticos y estratégicos de carácter general, entre ellos la permanencia o la salida de España de la Alianza Atlántica. La resistencia de la Administración Reagan a entregar tan importante baza -el comienzo de una negociación formal para una retirada inmediata y parcial de sus tropas en España- al Gobierno socialista muestra que las relaciones internacionales no son tan maleables. Y por eso el Gobierno español no debería posponer por más tiempo cuál es su oferta final en este terreno. Así, la opinión pública española podría tener una idea cabal de los propósitos del Gabinete de Felipe González en el terreno de las relaciones exteriores.

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