La ley de la Ciencia

UNA DE las características más acusadas de la actualidad es la constante referencia a las nuevas tecnologías, al desarrollo científico-técnico, obsesión de la que no se libra la clase política española.La situación de que se parte es a todas luces precaria. El porcentaje dedicado en España a investigación y desarrollo (I+D), sobre el producto interior bruto, se sitúa en los alrededores del 0,5'%. La media de los países de la OCDE está cerca del 1,5%, y los países industriales más avanzados pretenden llegar al 3%. Dicho de manera más, concisa y cruda: el gasto anual español en investigación es, aproximadamente, igual al gasto en royalties por compra, de tecnología extranjera, tecnología que en muchos casos no genera innovaciones (se trata, del pago de servicios y asistencia técnica).

Durante estos últimos años tanto los Gobiernos de UCD como del PSOE han mostrado una cierta sensibilidad por el tema del desarrollo científico y tecnológico, llevando acabo algunas tímidas mejoras. Merece destacarse la labor llevada a cabo por la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica y por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Estos organismos posibilitaron a los investigadores españoles la financiación de proyectos específicos. Gracias a ellos en la actualidad hay programas, prioritarios en marcha: aprovechamiento energético de la biomasa, desarrollo de la acuicultura, tecnologías de transportes, física de altas energías, biotecnología y microelectrónica. Y han echa do a andar también dos grandes planes: el energético nacional y el electrónico e informático. En su conjunto, estos programas dan cuenta de las líneas maestras de la política científico-técnica a seguir durante los próximos años.

Hace unos meses, el ministro de Educación y Ciencia, José María Maravall, presentaba un proyecto de ley de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, la denominada ley de la Ciencia, todavía pendiente de ser discutida en el Parlamento.

La ley trata de vías de cooperación entre instituciones públicas y privadas y se esfuerza, aunque de una manera vaga, en fomentar las contribuciones de estas últimas. Así, los "planes nacionales contendrán previsiones para el fomento de, la investigación científica y del desarrollo tecnológico de las empresas". Pero lo cierto es que la contribución de la empresa privada a la investigación es inferior al 20%, frente a un 55% en los países desarrollados. No se ven en esta, ley elementos suficientes para que esta carencia pueda subsanarse. Carentes hasta el momento de la iniciativa que ha dado impulso y sostén a otras sociedades, los industriales españoles difícilmente encontrarán nuevos elementos determinantes que les impulsen decisivamente a participar en el proyecto del desarollo científico, y tecnológico español. Es interesante preguntarse, sin embargo, si de persistir en esta postura las industrias españolas no estarán, especialmente en vísperas de nuestra entrada en la CEE, hipotecando su de por sí difícil futuro.

En conjunto, la ley de la Ciencia es una ley obsesiona da por el desarrollo tecnológico, que llama a grandes objetivos (artículo 2), pero que lo hace con una generalidad y voluntarismo, que limitá con el vacío; es una ley que correctamente pretende delimitar competencias, evitar duplicidades, simplificar, pero que, incapaz, por ejemplo, de precisar, el ámbito investigador de las comunidades autónomas, introduce figuras como la del Consejo General de la Ciencia y la Tecnología, cuya utilidad real es problemática. El nuevo proyecto de ley es, en suma, un proyecto razonable, pero prudente en el que existen lagunas notables respecto al papel de la investigación en la Defensa y en la forma de impulsar la creación de nuevos. investigadores.

Pero, por encima de esta o de cualquier otra ley, es necesaria una limpieza de muchas de las instituciones ya en funcionamiento, y que, con igual o diferente denominación, sobreviven en la nueva norma.. El Consejo Supe rior de Investigación Científica ha comenzado ya su re novación. La Junta de Energía Nuclear, que pasa a de nominarse Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, necesita de drásticos cambios, tanto en. personal como en objetivos y funciones, que hagan olvidar sus fracasos pasados. La participación española en la European Space Ageney, tutelada hasta ahora de manera casi exclusiva por el Ministerio de Defensa, debe abrirse a los investigadores universitarios, El desarrollo de la física experimental de altas energías, una disciplina extraordinariamente sofisticada y en la que confluyen numerosas ramas de la física y de la tecnología, y que constituyó una de las metas propuestas en nuestra reincorporación al Centro Europeo de In vestigación Nuclear (CERN), debe potenciarse. Hay que acelerar la puesta en marcha efectiva de proyectos prioritarios como el de la microclectrónica, sin el que iniciativas como la muy poca analizada y tal vez demasiado fácilmente celebrada instalación de la ATT en Es paña corren el riesgo de quedar desvirtuadas. Debemos evaluar, teniendo en cuenta la industria existente en nuestro país y la competencia internacional, si la defensa de proyectos como el de la biotecnologíá se debe ha cer en términos de su rentabilidad económica o si, por el contrario,. son defendibles dada su naturaleza funda mental. No es bueno abrir la puerta a eventuales e innecesarias frustraciones, motivadas por el fácil deslumbra miento ante la nueva tecnología, ante lo útil. Y hay que recordar a los investigadores españoles que los tiempos también cambian para ellos. En muchos campos científicos estamos encaminándonos a una situación en la que el director de investigación es tanto un marketing man como un investigador, acaso incluso más aquello que esto. La lección darwiniana de la lucha por la supervivencia es hoy tan válida en el mundo académico como en el industrial.