Policía y democracia

Ni siquiera la democracia, modelo de convivencia en libertad y pluralismo, puede sustraerse a la necesidad de mantener el funcionamiento de instituciones encargadas de hacer efectivas las limitaciones que la ley impone a las libertades individuales. Esta antinomia, libertad / limitación, se ha mantenido ininterrumpidamente desde la instauración de los sistemas políticos basados en el respeto a los derechos de los ciudadanos. Así lo refleja el artículo 12 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada en los albores de la Revolución Francesa, advirtiendo que 1a garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita una fuerza pública", si bien, previsoramente, los constituyentes añaden que "esta fuerza se instituye para beneficio de todos y no para utilidad particular de aquellos que la tienen a su cargo".Armonizar los valores de la libertad con la realidad de sus limitaciones requiere mantener un exquisito e inequívoco compromiso con los fundamentos políticos y morales del sistema de libertades. Cualquier veleidad o concesión autoritaria rompe el equilibrio, frecuentemente inestable, que pretende conciliar el ejercicio del poder con la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes, base, con, el respeto a la ley y a los derechos de los demás del orden político y de la paz social.

Pasando de los planteamientos teóricos al análisis de la realidad, la historianos muestra que la institución policial, mantiene su función preventiva represiva durante siglos a través de los cambios políticos, mientras la implantación de las libertades se produce hace unos. 200 años. Acomodarse a la inevitabilidad de la policía y abandonar toda pretensión innovadora que introduzca los valores democráticos en su actividad interna es una tentación en la que caen reiteradamente las sucesivas opciones ideológicas que se instalan en los centros que controlan los cuerpos y fuerzas de seguridad.

En una sociedad democrática, el poder recoge sus facultades del consenso legitimador que surge del apoyo de los votos populares y se refuerza con el grado de coincidencia que para determinadas actuaciones y fines puedan otorgarle otras opciones políticas y sociales normalmente situadas en las zonas de la contradicción y el disenso. Ahora bien, por muy numeroso y hasta abrumador que sea el grado de consenso alcanzado para llevar a cabo una decisión legislativa, nunca su plasmación en texto legal puede suponer una, restricción de las libertades ni una degradación de la legalidad constitucional.El artículo 104.1 de la Constitución española encomienda a las fuerzas y cuerpos de seguridad la protección de libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. La actividad cotidiana de los policías incide sobre, derechos y libertades de los ciudadanos que afectan de manera directa a su libertad, integridad y seguridad.

El policía actúa sobre estos derechos de forma directa, sin intermediarios y al margen de vigías que controlen su proceder. El ciudadano bajo sospecha de estar implicado en un hecho definido como delito, en esos primeros momentos de actuación policial sólo está protegido por el respeto del agente a la legalidad y. sus sentimientos democráticos.

La idea predominante que, todavía hoy, en una situación democrática, orienta la política de los órganos responsables de la actuación policial insiste en la eficacia y no alimenta las esperanzas de los que pretenden la renovación por la vía de la normalidad democrática. La reflexión, el análisis y el respeto a los derechos individuales son necesarios_para consolidar el sistema, y todavía está por demostrar que su vigencia hará disminuir la eficacia con respecto a experiencias negativas ya vividas.

Función pública

El desarrollo democrático de la organización policial reposa en las leyes que estructuran su organización y funciones. La policía, corno órgano. integrado en la Administración civil del Estado, debe reflejar los principios constitucionales que configuran la función pública, manteniéndose alejada de las especialidades que caracterizan la institución militar. Las líneas de organización pasan por la sumisión a la legalidad, el reconocimiento de los derechos de sindicación y huelga, garantías de imparcialidad para el ejercicio de su función y ausencia de privilegios e inmunidades. Sobre este último punto conviene resaltar que cualquier pretensión de conseguir inmunidades políticas o jurídicas para la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad es profúndamente antidemocrática.

La transferencia, de los esquemas dé actuación de la institución militar a las normas reguladoras de la policía aparece de manera indisimulada en las líneas fundamentales del proyecto. El pretexto para rescatar normas de la estructura militar y trasladarlas a la organización policial -negación del derecho de huelga- se apoya en una lectura tangencial del texto constitucional.

La organización militar está concebida para situaciones alejadas de la diaria normalidad democrática: defensa armada contra los intentos de derrocar el régimen constitucional; intervención en situaciones de excepción (estado de sitio); relaciones interpersonales sometidas al principio de jerarquía y disciplina que sacrifica derechos como los de sindicación, huelga y petición, régimen disciplinario y judicial especial.

En enfrentamiento entre las propuestas de los sindicatos policiales y la postura exteriorizada por el Ministerio del Interior se presenta a la opinión pública como una colisión de intereses en la que el Gobierno sólo pretende defender la seguridad de todos los ciudadanos frente a las reivindicaciones corporativas e insolidarias de los funcionarios policiales.

Cabe pensar que en esta contienda late el inveterado deseo de concentrar la mayor cantidad de poder posible en la esfera del Ejecutivo, en detrimento de las libertades individuales. Recobra su vigencia la frase de Kelsen: "Cuanto más fuerte es la voluntad de poder, tanto menor es el aprecio que de la libertad se hace".