El Poder Judicial requiere al Parlamento para que revoque la elección de 12 de los 20 nuevos vocales

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado, por 13 votos contra 8, dirigirse al Congreso y al Senado a fin de que revoquen la elección de los 12 vocales de procedencia judicial que, antes de la entrada en vigor de la nueva ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ), correspondía elegir a los propios jueces y magistrados. Dicho requerimiento es el paso previo al planteamiento de conflicto contra el Parlamento, que será el cuarto sobre el mismo tema y una nueva muestra del enfrentamiento entre el actual poder judicial y la mayoría parlamentaria.

Antes de votar el acuerdo, se produjo una discusión de casi siete horas. En el debate, la mayoría conservadora no atendió los argumentos de la minoría progresista sobre la lectura política que podría darse al acuerdo.La mayoría conservadora y, en especial, el presidente del Consejo, Federico Carlos Sainz de Robles, defendió la conveniencia, desde un punto de vista jurídico, de efectuar este requerimiento, como paso previo al planteamiento de un conflicto de competencias con las Cortes Generales, a causa de la elección parlamentaria de los citados 12 vocales del CGPJ. Según explicó Sainz de Robles, de acuerdo con lo que establece la ley orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), el paso previo al planteamiento del conflicto es precisamente el requerimiento al órgano constitucional que se entienda ha adoptado decisiones que la Constitución o las leyes confieren al órgano requirente.

Ésta fue la mecánica seguida por el Consejo en los tres conflictos que tiene planteados ante el Tribunal Constitucional: el primero, cuando el Pleno del Congreso introdujo en el proyecto de LOPJ la elección parlamentaria de los 20 vocales del Consejo, en lugar de sólo ocho como había ocurrido hasta ahora; el segundo, cuando el Senado ratificó el mismo acuerdo; y el tercero, cuando de nuevo el Congreso dio su aprobación definitiva a la LOPJ, que entró en vigor el 3 de julio de este año.

Sainz de Robles recordó que, en aquella ocasión, la Mesa del Congreso contestó, entre otras cuestiones, que no cabía plantear conflicto contra el Parlamento en el ejercicio de su facultad soberana de legislar. Igualmente, según las informaciones adelantadas sobre la inminente resolución por el Tribunal Constitucional del primero de los conflictos planteados, del que es ponente Jerónimo Arozamena (veáse EL PAÍS del 27 de septiembre último), se consideraba muy verosímil que el alto tribunal no entrara en el fondo del asunto y se limitara a declarar que la vía del conflicto constitucional no es la adecuada para recurrir leyes.

En su deseo de no dejar ningún cabo suelto, Sainz de Robles no hizo uso de la representación que le otorgó el pleno del CGPJ el 28 de mayo último para todo lo relacionado con el conflicto, y reunió de nuevo al pleno, a cuyos miembros señaló que se trataba de un acto testimonial, para contar con su opinión. Sin embargo, de esta forma, se.cumplía el requisito del artículo 73 de la LOTC, que exige que el requerimiento previo al planteamiento del conflicto se realice por acuerdo del pleno del órgano requirente.

"Impolítico y escandaloso"

Los consejeros de la minoría progresista señalaron que, cualesquiera que sean las razones jurídicas esgrimibles, una vez elegido el nuevo Consejo por las Cámaras, resulta "impolítico y escandaloso", en expresión textual de un consejero, pedir a las Cortes que revoquen la elección. La discusión, que se inició poco después de las 10.30 horas, se prolongó hasta las 20.30, con una interrupción para almorzar. Algunos de los consejeros de dicha minoría se encontraban ayer abatidos por el acuerdo adoptado, mientras que otros lo estimaban jurídicamente rutinarío, una vez tomada la decisión de plantear el conflicto.

Votaron a favor de pedir la revocación de la elección parlamentaria, además de Sainz de Robles, los siguientes consejeros: Luis María Díaz Valcárcel, Jerónimo Garvín, Arturo Gimeno Amiguet, José Ramón Godoy, José Ignacio Jiménez Hernández, Jesús Marina Martínez Pardo, Rafael Martínez Emperador, Jesús Ortiz Ricoll, Diego Palacios Luque, Miguel Pastor López, Agustín Aizparren y Javier Delgado. Votaron en contra del acuerdo los siguientes miembros del Consejo, los mismos que ya se opusieron incialmente al planteamiento del conflicto: el vicepresidente, Adolfo Carretero y los vocales Perfecto Andrés, Eduardo Jauralde, Gonzalo Casado, Fernando García-Món, Manuel García Miguel, Jaime Cortezo y Juan García Barbón.

Un portavoz del Gobierno maniféstóa EL PAÍS, desde la Moncloa, que el acuerdo del CGPJ es "el derecho al pataleo". Por su parte, el presidente del Congreso de los Diputados, Gregorio Peces-Barba, que se encontraba ayer de viaje oficial en Soria, declaró, según informa lo siguiente: "A mí no me produce ninguna preocupación, porque la elección está bien hecha. Además, es un éxito para la democracia y para la propia independencia del poder judicial que sea el Parlamento el que elija a los miembros del Consejo". Peces-Barba explicó: "El requerimiento está en la misma línea de lo que ha venido sucediendo hasta ahora para que nos abstengamos de hacer la elección de los 12 vocales que antes correspondía elegir al Consejo".

Tras la elección por el Congreso y el Senado de los 20 vocales del nuevo CGPG, en los días próximos las propuestas de nombramiento serán firmadas por el Rey y el nuevo órgano de gobierno del poder judicial tomará posesión después de que termine el mandato del actual, el 23 de este mes.