Pujol amenaza con recurrir a movilizaciones populares para ampliar el grado de autonomía
El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, anunció ayer ante el Parlamento de Cataluña estar dispuesto a recurrir el año próximo a la movilización del pueblo catalán, "en reivindicación permanente de nuestros derechos", si al hacer un análisis sobre el grado de autonomía real cuando se cumplan los seis años de aplicación del Estatuto de Autonomía el resultado es negativo. "Más poder político, porque ahora tenemos poco", reclamó Pujol en su discurso ante el pleno de la Cámara catalana, con el que abrió el debate sobre el estado de Cataluña, y no consideró incomipatibles las movilizaciones con una negociación con el Gobierno central. También informó de que a principios de 1986 acudirá al Tribunal Constitucional para que fije el contenido político de la autonomía catalana, de la que hizo un diagnóstico "preocupante".
El discurso de una hora y 55 minutos con el que Pujol inició en el hemiciclo del Parlamento catalán el debate sobre la política del Consell Executiu de la Generalitat y la situación de Cataluña, contuvo pocas novedades. Este debate es tradicional en la apertura de cada período de sesiones, pero esta vez ha destacado la contundencia verbal de Pujol al realizar un análisis negativo -que adelantó como provisional"- de la aplicación del estatuto, "a causa de la lectura que se está haciendo ahora del Título VIII de la Constitución [el referente a las autonomías], distinta a la que se hacía antes".Los juicios negativos sobre el desarrollo estatutario salpicaron toda la intervención presidencial, en la que tuvo protagonismo el problema de la financiación autonómica. El presidente de la Generalitat reclamó que Cataluña y las restantes comunidades participen en la elaboración del modelo definitivo de financiación autonómica, diciendo que no se puede repetir la marginación sufrida en 1981 durante la discusión de los pactos autonómicos entre UCD y PSOE.
Pujol reiteró la doble argumentación que últimamente ha expuesto con profusión: 1) el sistema financiero en vigor es "malo y discriminatorio para Cataluña, como reconocen todos", apoyando esto en sus datos de que la comunidad catalana recibe 16.684 pesetas por habitante mientras otras comunidades con un nivel de servicios aproximado perciben hasta 29.797 pesetas, y el promedio español son 22.003 pesetas; 2) la Generalitat no renuncia a que el Gobierno central aplique las nuevas normas de financiación en 1986, sin esperar a 1987, ya sea aprobando un crédito extraordinario, ya sea enmendando los presupuestos del Estado para el próximo ejercicio.
Endeudamiento previsto
También dijo que los presupuestos autonómicos para 1986 incluyen 172.000 millones de pesetas (transferidos por el Estado por distintos conceptos) y 20.000 millones más de ingresos propios. Según eso, la institución tendría que endedudarse en 25.000 millones de pesetas para llegar a los 217.000 millones de los presupuestos de 1985.
Pujol (que usó casi sistemáticamente el término Generalitat para referirse al Consell Executiu, propiciando la identificación entre la institución y su gabinete) desbordó la mera problemática de la financiación al hablar globalmente de "involución autonómica".
Así, propuso al Parlamento, para el próximo año, un "gran debate" de todas las fuerzas políticas y sociales para reflexionar "sobre el grado de autonomía real, sobre lo que queríamos que fuera el Estatuto y lo que finalmente será". Fue en este contexto en el que el presidente catalán formuló sus advertencias más duras al Gobierno: "Si llegase a perderse la gran oportunidad de estos últimos diez años para resolver definitivamente el problema político e institucional dentro de Cataluña, y su encaje en el conjunto del Estado, el problema volvería a ser de quienes, con un concepto centralista y absorbente de España, habrían conducido a una nueva gran frustación catalana y a una nueva amputación moral de España".
