El nuevo curso

Los INCIDENTES ocurridos el viernes pasado en el acto inaugural de la universidad Complutense -donde algunos catedráticos vestidos con toga y birrete decidieron constituirse en agentes del orden y disolver a un grupo de estudiantes que protestaba contra las tasas académicas y el númerus clausus- señalan la dirección de la conflictividad en la enseñanza superior durante los próximos meses.Sin duda, hay que reivindicar el derecho de acceso a los estudios superiores de cualquier persona con la capacidad intelectual necesaria y con la voluntad de esfuerzo precisa. Sólo una política de becas adecuada en número, generosa en dotación y ágil en la tramitación administrativa de las concesiones podría garantizar que cualquier español con talento, por humilde que sea su extracción social, estuviese en condiciones de seguir estudios universitarios. El sistema de becas -ampliado en los últimos años, pero todavía insuficiente- debería permitir a sus beneficiarios recibir de los fondos públicos el dinero suficiente no sólo para abonar las tasas académicas, sino también para sufragar el resto de sus gastos de estudio. Pero las campañas indiscriminadas contra las tasas académicas corren el riesgo de desembocar en pura demagogia. Es la sociedad entera, a través de los impuestos, la que financia la enseñanza superior, y la matrícula en una facultad o escuela universitaria continúa siendo en España más barata que la factura de un colegio privado de enseñanza secundaria. Por eso que se transforme en reivindicación revolucionaria la protesta contra la elevación de las matrículas y se trate de descargar sobre los contribuyentes la entera financiación de un servicio público espectacularmente deficitario constituye una evidente manifestación de insolidaridad.

La protesta contra los procedimientos selectivos para la admisión de alumnos en determinadas facultades debe ser contemplada también cuidadosamente. La excesiva presión de la demanda educativa sobre unos centros de enseñanza superior con capacidad limitada de oferta sólo puede aliviarse mediante la aplicación de criterios selectivos de ingreso que impidan el bloqueo -por hacinamiento escolar, por falta de personal docente o por insuficiencia de las instalaciones- de aquellas facultades cuyas plazas disponibles sean inferiores al número de solicitantes. Pero es justa la reivindicación del movimiento estudiantil cuando pide que los criterios de selección se basen en los méritos y en la capacidad de los aspirantes.

Conseguida ya la autonomía, por lo menos de boquilla, dadas las insuficencias y carencias de la ley socialista, las universidades tendrán que asumir este curso parte de las competencias, y también de las responsabilidades, que el viejo modelo atribuía al Ministerio de Educación. Las dificultades financieras pueden asfixiar la autonomía de los centros de enseñanza superior, cuyo presupuesto actual se consume prácticamente en las partidas de personal. Durante este curso, entrarán en funcionamiento los consejos sociales, eslabón destinado a vincular a las universidades con las comunidades autónomas, el mundo empresarial, el movimiento sindical y el tejido social. Del éxito de esa innovación creada por la ley de Reforma Universitaria (LRU), de su capacidad para generar fondos mediante contratos con la industria privada, depende en gran medida el futuro de nuestra enseñanza superior.

La puesta en marcha de la nueva división por departamentos -que tropieza con serias resistencias corporativas en el profesorado- y la capacidad del Consejo de Universidades -que ha asumido la mayor parte de las competencias de la Secretaría de Estado- para coordinar y planificar la enseñanza superior son otras dos incógnitas del curso recién inaugurado. La sociedad española tiene derecho a esperar que la inminente reforma de los planes de estudio responda a las exigencias dictadas por el desarrollo científico, la investigación tecnológica, la demanda profesional y el enriquecimiento intelectual y moral de la colectividad. La rigidez de las titulaciones tradicionales debe abrirse a una mayor flexibilidad para satisfacer los nuevos requerimientos de la división social del trabajo. Ninguno de esos objetivos podrá alcanzarse, empero, sin un profesorado capaz de asumir las responsabilidades que la autonomía les concede. La imagen de los profesores togados luchando a brazo partido con la protesta estudiantil, por discutibles que fueran algunas de las reivindicaciones de los jóvenes, es peor que lamentable: es simplemente bufa. Y la universidad no se la merece.