Ruiz-Giménez quiere expresar directamente las quejas al Consejo del Poder Judicial

El defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, pidió ayer en las Cámaras una solución para que la institución que encarna pueda dirigirse sin intermediarios al Consejo General del Poder Judicial y expresarle las quejas de los ciudadanos. A juicio del defensor, la fiscalía, cauce a través del cual se canalizan sus peticiones al órgano del poder judicial, no se cree en la obligación de responder ni de transmitir las peticiones del defensor.

Fuentes socialistas expresaron la disposición del Gobierno para modificar la ley orgánica que regula esta institución, posibilidad de reforma que ofrece la propia ley una vez transcurridos cinco años desde su promulgación, plazo que se cumple el próximo mes de abril."Mantenemos discrepancias con la memoria de la fiscalía de este año cuando dice que sus respuestas a nosotros se basan en la cortesía, pero sin obligación de atenderlas", dijo Ruiz-Giménez ante la comisión correspondiente del Congreso, en la que presentó, como es preceptivo, la memoria de su gestión correspondiente al pasado año.

"No queremos ser una mera estal'eta de Correos que trasladamos los problemas al fiscal", continuó Ruiz-Giménez. "El fiscal debe ir al fondo de la indagación solicitada e informarnos sobre los resultados e incluso sobre las medidas adoptadas para remediar la situación denunciada", expuso este comisionado de las Cortes Generales. Por otro lado, el defensor expresó su deseo de hallar fórmulas que hicieran posible el hilo directo con el Consejo General del Poder Judicial.

Es intención del Gobierno, según manifestaron fuentes socialistas consultadas, revisar la ley orgánica del Defensor del Pueblo e introducir algunas reformas, incluida la de habilitar al defensor para relacionarse directamente con el órgano de gobierno del poder judicial. Los portavoces de los grupos parlamentarios alentaron con sus palabras a Ruiz-Giménez para que continuara con la labor erriprendida, expresando el total apoyo de todos los grupos.

Alerta a la ley antiterrorista

Joaquín Ruiz-Giménez no sólo vertió críticas hacia la Fiscalía General del Estado, salvando la figura del fiscal Luis Antonio Burón Barba, a quien elogió profusamente, sino que se congratuló con una parte de la labor de la fiscalía, sobre todo por su diligencia para investigar los posibles casos de tortura y malos tratos denunciados por el defensor. "El fiscal ha actuado mucho más diligentemente que e Ministerio del Interior", se lamentó el defensor, que no ocultó estar "en estado de alerta" en caarito a la aplicación de la ley antiterrorista. "No hemos recurrido esta ley ante el Tribunal Constitucional, pero estamos muy vigilantes en cuanto a su desarrollo", advirtió.En el terreno penitenciario destacó la situación de "hacinamiento" que se da en las cárceles españolas, con una población reclusa de 22.111 personas, casi 8.000 presos más que el pasado año. Según los datos del defensor, alrededor del 50% de los encarcelados se encuentran en situación de presos preventivos a la espera de juicio. Justicia, sanidad, Seguridad Social, desempleo y vivienda son los cinco capítulos de preocupaciones Úe los españoles, que se traducen en 24.500 quejas enviadas al Defensor del Pueblo el pasado año. Las denuncias elevadas a la institución en el año 1983 ascendieron a 30.600, lo que supone en opinión de Ruiz Giménez "un mejor conocimiento de los ciudadanos de la institución".

Por otra parte, Joaquín Ruiz Giménez consideró alarmante la petición de recursos de inconstitucionalidad, e hizo una referencia velada a Coalición Popular, al comentar que no es correcta la actitud de presentar al defensor la petición de que recurra la ley, y al mismo tiempo realizar una campaña de firmas, caso de Radiotelevisión.