Martínez Zato propone separar del servicio a 9 funcionarios de Herrera de la Mancha
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias, del Ministerio de Justicia, ha solicitado la separación del cuerpo de prisiones a los nueve funcionarios condenados por malos tratos a detenidos o presos entre junio de 1979 y enero de 1980 en la cárcel de Herrera de la Mancha. El expediente,, abierto por el director general, Juan José Martínez Zato, propone la medida como sanción por falta muy grave, fundamentada en hechos probados por la Audiencia Provincial de Ciudad Real, cuya sentencia fue confirmada el pasado 5 de julio por el Tribunal Supremo.
La sala segunda del alto tribunal consideró en su resolución que durante los meses citados el entonces director de la cárcel de Herrera de la Mancha, Santiago Martínez Motos, y los funcionarios José Antonio Barroso Melado, Manuel Arcila Santos, José Luis Malagón Martínez, José Pérez Redondo, Ángel Luis Moreno García, Francisco Campos Córdoba, Francisco Seco Martínez y Jaime María Pozas Quintas cometieron, entre otros delitos, los de malos tratos a detenidos o presos.Aunque el entonces director gerieral de Instituciones Penitenciarías, Carlos García Valdés, negó la existencia de delito, la sentencia declaró probado que en varias ocasiones los funcionarios de prisiones golpearon con manos, pies, y a veces también con defensas de goma, a reclusos que no. habían adoptado actitudes hostiles contra ellos.
El 28 de enero de 1983, la Dirección General abrió un expediente contra los mencionados funcionarios, que se paralizó al imputarse a los expedientados conductas delictivas. En mayo de 1984, tras la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, la dirección general reabrió el expediente, y volvió a paralizarse al recurrir los condenados ante el Supremo.
Tras la sente ncia de la Sala Segunda de este tribunal de 5 de julio último, Martínez Zato -que el próximo día 8 de octubre será elegido consejero del Poder Judicial y deberá abandonar su actual cargo- ordenó reabrir el expediente contra los nueve funcionarios condenados, cinco de los cuales se encuentran ejerciendo sus funciones en la propia cárcel de Herrera de la Mancha, otro en la de Burgos, otro en la de Cáceres, otro en la de El Puerto de Santa María y otro en la cárcel de mujeres de Valencía.
La dificultad con que se ha encontrado el instructor del expediente, según ha podido saber EL PAÍS, es que la vigente ley 2/1984 de la Función Pública, de 30 de agosto de 1984, suprime la sanción de separación del cuerpo para los funcionarios condenados por delito doloso (intencionado).
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