La peregrinacion de unas embarazadas

En este país hemos hecho un uso tan frívolo de todo que en estos momentos expresiones tan serias como "libertad de conciencia" o "derechos constitucionales" se están llegando a utilizar como si fueran armas arrojadizas en todo tipo de barridos y fregados. La polémica que están suscitando algunos médicos tras la aprobación de la ley del aborto es una buena prueba de ello.Un Parlamento elegido democráticamente aprobó una ley autorizando el aborto terapeútico cuando se cumplen unos requisitos determinados. A una parte de la población esta ley le parece insuficiente, a otra parte -supongo- le da la impresión que es correcta y a unos terceros les parece excesiva. Hasta aquí, todo normal. Pero asistimos a continuación a una maniobra abiertamente antidemocrática: algunos de los últimos, de los que no les gusta la ley, inician una movilización. Y no para que los demás ciudadanos renuncien voluntariamente a sus beneficios -lo que sería inobjetable-, sino para que los demás españoles no puedan acogerse a ella. Las mujeres que tienen derecho a abortar se encuentran con que en muchos centros públicos los médicos se acogen a objeciones de conciencia para no atenderlas. Es el colmo: quienes biocotean la ley utilizan como punta de lanza de su maniobra a funcionarios.

Ya es hora de que el Estado contrapese el irrefutable derecho que tienen todos los médicos a acogerse a la libertad de conciencia para negarse a hacer lo que atente contra sus convicciones, con la defensa del derecho de los pacientes de los centros públicos a ser atendidos en todos los extremos previstos por las leyes, incluido el aborto. Con esto quiero decir que los profesionales de la Medicina que no estén en condiciones morales o éticas de prestar todos los servicios a los que tienen derecho los pacientes de la Sanidad pública, deben manifestarlo y contentarse con desempefiar privadamente su profesión, pues no cumplen un requisito necesario para su adscripción a los centros públicos: estar en condiciones de servir a todos los pacientes. Y no debe subvencionarse tampoco a ningún centro privado con servicio de Ginecología que no tenga organizada la asistencia para quien desee abortar. No hay el menor asomo de radicalidad en mi propuesta. Lo que pasa es que todo lo que no sea ésto constituye una burla y una verguenza.

Todas las deferencias que tradicionalmente se prestan a las embarzadas demuestran aquí su hipocresía. El espectáculo de la peregrinación forzosa de las preñadas yendo de puerta en puerta de hospitales públicos que les niegan la atención que necesitan y a la que tienen derecho, constituirá, si el actual Gobierno no resuelve el problema, la imágen más gráfica de la impotencia de la Administración socialista y de la superficialidad de nuestras convicciones democráticas. Porque ningún médico está obligado a trabajar para la Sanidad pública y ningún médico debe ser obligado a actuar contra su conciencia. Pero, también, nadie puede consentir que la clase médica conservadora se burle de la soberanía popular como lo está haciendo actualmente.-