El Grupo Popular lleva al Tribunal Constitucional la ley orgánica del Poder Judicial

El Tribunal Constitucional resolverá probablemente antes del próximo 23 de octubre -fecha en que expira el mandato del actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- el primero de los tres conflictos de competencias planteados por este consejo contra la elección por las Cortes de los 12 vocales judiciales de dicho órgano. La resolución de ese primer conflicto marcará el criterio del alto tribunal sobre la materia. Fuentes jurídicas estiman improbable que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el fondo del asunto hasta que resuelva el recurso de inconstitucionalidad presentado ayer contra la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) por el Grupo Parlamentario Popular.

En cualquier caso, en fuentes oficiosas del alto tribunal se espera que la decisión del Tribunal Constitucional que resuelva el conflicto planteado por el CGPJ no declarará la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la nueva forma de elección de los 12 consejeros del poder judicial decidida por el Parlamento. Por el contrario, se estima muy verosímil que el alto tribunal se limite a declarar que la vía del conflicto constitucional no es la adecuada para recurrir leyes, ya que para este fin existe el recurso de inconstitucionalidad.A partir de la presentación, ayer, de esta modalidad de recurso oor José María Ruiz Gallardón, en nombre de más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular, el alto tribunal cuenta ya con una impugnación no discutible de la LOPJ, y concretamente de la elección parlamentaria del CGPJ establecida en dicha ley. En la resolución de este recurso, el Tribunal Constitucional no podrá evitar pronunciarse sobre el espinoso tema de la elección parlamentaria, pero mientras tanto no anticipará un criterio de constitucionalidad sobre la materia.

El CGPJ planteó tres conflictos de competencias con relación a la elección parlamentaria del CGPJ introducida por la mayoría socialista en la LOPJ .El primero, contra el acuerdo del Congreso de los Diputados por el que aprobó dicha fórmula; el segundo, contra idéntica decisión del Senado, con motivo del paso de la LOPJ por la Cámara Alta, y el tercero, de nuevo contra el Congreso con ocasión de la aprobación definitiva del proyecto de LOPJ, que finalmente se convirtió en ley el 1 de julio de este año. Los magistrados ponentes de cada uno de estos conflictos son los siguientes: del primero, el vicepresidente del Tribunal Constitucional, Jerónimo Arozamena; del segundo, Gloria Begué, y del tercero, Antonio Truyol.

Por el momento, en el alto tribunal existe una mayoría suficiente contraria a los conflictos planteados por el CGPJ contra las Cortes Generales y, en general, un criterio favorable a la prevalencia de las decisiones adoptadas por el Parlamento, encarnación de la soberanía popular. Así lo puso ya de manifiesto al resolver en contra de la existencia de un recurso previo de inconstitucionalidad.

Coincidencia

En esta ocasión, la coincidencia en la persona de Arozamena de la condición de probable futuro presidente del CGPJ, contribuirá lógicamente a un deseo por su parte de resolver rápidamente el conflicto del que es ponente, para evitar el problema que plantearía al CGPJ elegido por el Parlamento, la herencia de un conflicto subsistente precisamente contra este sistema de elección. El propio presidente del CGPJ, Federico Carlos Sainz de Robles, en el recurso de súplica dirigido al alto tribunal el pasado 12 de julio en relación con el conflicto planteado, manifestó que el Consejo, en el fondo, lo que pretendía era "la más rápida resolución del conflicto de atribuciones, para despejar definitivamente una gravísima cuestión controvertida entre poderes del Estado".El principal obstáculo para que se produzca esta rápida decisión sería la acumulación de los tres conflictos, facultad potestativa del tribunal, de oficio o a instancia de parte, según establece el artículo 83 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. De producirse tal acumulación, ninguno de los conflictos podría resolverse antes del 23 de octubre próximo, con lo que la patata caliente pasaría al nuevo CGPL

José Gabaldón, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, manifestó a este periódico que, dado el alcance de interés público del conflicto planteado por el anterior Consejo, "no es desistible" por el nuevo. Otras fuentes judiciales estiman conveniente, en cambio, una resolución rápida del conflicto que evite al nuevo Consejo decidir sobre una cuestión tan enojosa.