El Gobierno rebaja el impuesto sobre la renta de las personas físicas a más del 60% de los -contribuyentes

El Consejo de Ministros aprobó ayer la esperada reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) -el gravamen de más capacidad recaudatoria del sistema impositivo hasta que! entre en vigor el impuesto sobre el valor añadido-, que supone una rebaja efectiva, en ocasiones hasta de un 50%, en el impuesto. La reforma, que se plasmará en un proyecto de ley que será enviado dentro de este mes al Congreso de los Diputados y se articulará en los presupuestos de 1986, afectará a más del 60% de los contribuyentes.Entre las medidas concretas, el Gabinete aprobó una deducción por inversión en vivienda de nueva construcción del 17%, en vez del 15% existente, lo que sin duda beneficiará al deteriorado sector de la construcción.

Las medidas que reformarán el IRPF fueron debatidas ayer por el Consejo de Ministros, que enviará un proyecto de ley a las Cortes para establecer, entre otros aspectos, una nueva tarifa del impuesto objetivo y consolidando la rebaja de la tasa fiscal, especialmente para las rentas más bajas. Con ello se concretan los criterios de reducción de la presión fiscal directa, ya expuestos la pasada primavera por el anterior ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer.

Según el somero avance realizado ayer por el portavoz en funciones del Ejecutivo, Santiago Varela, la unidad familiar -tratamiento fiscal al matrimonio en el que ambos cónyuges trabajan- será también objeto de una situación más benigna en cuanto a la recaudación, introduciéndose en este capítulo deducciones variables que valoren las cuantías reales percibidas por cada uno de los cónyuges que trabaja. Se establecerá también una nueva regulación de las plusvalías y las minusvalías, así como de la transparencia fiscal y modificaciones en los gastos deducibles.

Estas reformas, orientadas a fomentar el consumo y la inversión, se complementarán con otras, igualmente aprobadas en el Consejo de Ministros de ayer, que regularán la libertad de amortización y la desgravación por inversión en vivienda; un real decreto aprobado ayer, que desarrolla otro de 30 de abril sobre medidas de política económica, establece los requisitos para acogerse a la libertad de amortización, eliminando algunas limitaciones cuantitativas. Con ello se pretende reforzar la autofinanciación de las empresas y, establecer nuevos y homogéneos incentivos fiscales para nuevas inversiones, cualquiera que sea su forma de financiación,- incluyendo así los contratos de arrendamiento financiero con opción de compra. El real decreto suprime el límite sobre cuota para la aplicación de la deducción por la creación de empleo, que se cuantificará en medio millón de pesetas por cada persona que incremente la plantilla cada año.

Por lo que se refiere a la deducción por la adquisición de viviendas de nueva construcción, se fija, mediante el real decreto aprobado ayer, en un 17%. Igualmente, se atenúa la imposición indirecta por operaciones de creación de nuevas sociedades, así como en los casos de ampliación de capital, todo ello tendente a, suprimir cualquier traba que promueva nuevas inversiones.

Compromiso político

De los 200.000 millones de pesetas en que Hacienda calculó que reduciría sus ingresos como consecuencia del paquete de medidas promovidas la pasada primavera por Boyer, la mayor parte del coste procederá de la reforma parcial del IRPF aprobada ayer por el Gobierno. :Su núcleo la causa principal de menores ingresos para el fisco- será la reducción de la tarifa del impuesto (existía el compromiso político de disminuir la tarifa en tanta o mayor medida que lo fueron las retenciones desde el pasado mes de mayo).

La baja de las retenciones y de la tarifa fue anunciada la pasada primavera como uno de los principales instrumentos para contribuir a animar el consumo privado y la inversión, en respuesta a la depresión económica registrada durante el primer trimestre del año. Pero no era la primera vez que el Gobierno se comprometía a reformar el impuesto, eje de la reforma fiscal iniciada en el año 1977 y que en sus seis primeros años de implantación efectiva ha mostrado diversas deficiencias.

En efecto, para resolver uno de estos problemas -la discriminación del matrimonio-, la ley de Presupuestos del Estado para 1984 mandataba al Ejecutivo a que presentase a las Cortes una modificación del régimen fiscal de la unidad familiar. La Administración reconoció en reiteradas ocasiones que al menos un 15% de los casados pagaría menos si tributase por separado; hasta ahora se suman las rentas de ambos cónyuges, lo que entraña la aplicación de una tarifa más alta que la pagada por otros contribuyentes, y en concreto por las parejas sin vínculo matrimonial. En España hay actualmente más de un millón de personas que acumulan rentas; de ellas, unas 850.000 sólo reciben rentas de trabajo, 140.000 tienen también otro tipo de ingresos y 40.000 reúnen más dos fuentes de renta. Pero los Presupuestos del Estado para 1985 no cumplieron dicho mandato.

Admitida la necesidad de estimular el consumo privado para compensar el debilitamiento de las ventas al exterior y la atonía de la inversión, el Gobierno decidió rebajar el impuesto y aprovechar la reforma para mejorar la tributación de la familia. Sin esperar a la baja de tarifa aprobada ayer, primero aprobó la reducción de retenciones (algo más de 60.000 millones de pesetas en 1985 y por encima de los 100.000 millones en cómputo anual).