Muerte en la mina
EL ACCIDENTE ocurrido en la explotación Confiada, de Tudela de Veguín, donde continuaba ayer la búsqueda de los cuatro mineros sepultados el miércoles, pone una vez más de relieve la peligrosidad laboral del sector. Con preocupante periodicidad, los españoles reciben la noticia de nuevos accidentes mineros, con su dramática secuela de trabajadores sepultados en vida entre carbón y escombro. Cada vez que se anuncian esas muertes, las autoridades responsables aseguran con monotonía la inminente adopción de medidas para evitar el negro balance que coloca a nuestro país a la cabeza de la lista de peligrosidad minera de las naciones comunitarias. Resulta una paradoja que sólo la reiteración de las informaciones periodísticas dando cuenta de la muerte de esos trabajadores -cada vez más Jóvenes- sea capaz de que la Administración tome conciencia, aunque por breve tiempo y sin resultados tangibles, de los riesgos de esa actividad, que ha cabalgado tradicionalmente entre el romanticismo obrero y una profesión cuyos factores determinantes parecerían ser el peligro y la suerte. En la memoria de muchos mineros queda todavía el recuerdo de la época en la que el organismo responsable de su sector se denominaba Dirección General de Minas y Loterías.No parece que la situación de los trabajadores. de la minería española haya mejorado sustancialmente durante los últimos años. Antes por el contrario, la mecanización introducida en las galerías de nuestras minas, casi de golpe y en apenas una década, no ha resuelto los problemas de fondo pendientes. En opinión de los sindicatos, la modernización emprendida en nombre de los incrementos de la productividad y de la rentabilidad ha servido para hacer todavía mayores los riesgos de los mineros. No resulta admisible que una actividad de tan vieja tradición en algunas regiones españolas no cuente ni siquiera con escuelas de formación profesional, de forma tal que el manejo de la nueva maquinaria tenga que ser aprendido sobre la marcha por unos trabajadores que únicamente tienen en su haber profesional la fuerza de sus brazos cuando entran por primera vez en un pozo. Sólo existe una escuela profesional en León, cuyo funcionamiento no ha sido precisamente un modelo. La única verdadera escuela de aprendizaje de los muchachos que entran hoy en una mina sigue siendo la experiencia de sus compañeros veteranos.
La edad media de los mineros muertos en España ronda los 30 años, y jóvenes de 20 años pierden la vida entre el carbón y los escombros. De los cerca de 90.000 mineros censados en nuestro país habría que preguntarse cuántos han contado con la preparación adecuada para abordar un trabajo cuya peligrosidad deberería haberse traducido en un aumento de las medidas de seguridad. Sin embargo, y baste como simple ejemplo, en España se están invirtiendo cuatro pesetas por tonelada de carbón extraída, mientras que en los países comunitarios esa inversión se eleva al equivalente de 19 pesetas. No es lógico -por mucho que las dificultades geológicas del terreno lo justifiquen- que en España el índice de frecuencia de los accidentes sea superior en un 120% al de la Comunidad Económica Europea, y que el índice español en mortalidad supere en un 400% al del Reino Unido. En lo que va de año, en nuestro país han muerto sepultados 57 mineros, más que en todo 1984. Y en 1983 se perdieron más de medio millón de jornadas a causa de accidentes mineros. Ante este panorama, cabía esperar que la Administración hubiese adoptado un plan de medidas eficaces y urgentes. Hace escasos días, sin embargo, la federación minera de UGT denunciaba que la Comisión Nacional de Seguridad Minera, presidida por el director general de Minas, no había acudido, un mes después de producirse del accidente de Montsacro, que costó la vida a varios mineros, a realizar la información preceptiva.
La normativa por la que se rige la seguridad en las minas data de hace 50 años. Tras una larga batalla por parte de las organizaciones representativas mineras, el Gobierno socialista elaboró el nuevo reglamento. Pero el texto aprobado -según han criticado esas organizaciones- no hace sino resumir el reglamento ya existente, y deja el desarrollo normativo a los Gobiernos autónomos. José Antonio Saavedra, secretario general de la Federación Minera de la UGT, señala como una de las causas de los altos índices de mortalidad en la minería precisamente "el desinterés de la propia Administración por todo lo relativo a la seguridad". Cuando hayan aparecido los cuerpos de los cuatro trabajadores sepultados en Tudela de Veguín, sus compañeros volverán nuevamente a las galerías. Jóvenes sin preparación arriesgarán minuto a minuto su vida por un salario que hace tiempo ha dejado de ser superior al del resto de los sectores. Y a menos que las administraciones públicas actúen con la necesaria eficacia y rapidez, resulta difícil descartar la posibilidad de que otros accidentes se sumen a los ya producidos en los últimos meses, de forma tal que la crónica negra de la minería español sume nuevos muertos a los 57 ya contabilizados en 1985, año que -con sarcasmo sangriento- ha sido denominado oficialmente como Año de Seguridad Minera.
