Los constructores reclamarán un intercambio de deudas con las distintas Administraciones

Los constructores catalanes consideran necesario que la Administración central acepte el intercambio automático de deudas entre las empresas del sector y las distintas Administraciones para equilibrar la situación, financiera de las empresas. Los empresarios plantean la compensación de las deudas tributarias por las cantidades atrasadas de obras públicas realizadas, según fuentes próximas al sector.De esta forma responden a las exigencias de estar al corriente de pago de todas las. obligaciones fiscales para poder aspirar a cobrar y contratar con la Administración. Esta exigencia está formulada en el Real Decreto de 3 de julio, publicado el pasado 26 de agosto, por el que se regula a efectos de la contratación administrativa el requisito de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias.

El decreto establece la obligación de "estar dado de alta en licencia fiscal y haber presentado las declaraciones o documentos de ingreso del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del impuesto sobre Sociedades, de los pagos a cuenta o fraccionado o de las retenciones a cuenta de ambos y de los impuestos sobre Tráfico de las Empresas y sobre el Lujo.

Estas mismas fuentes señalan ue los constructores aceptan como lógica la exigencia que el citado decreto formula y que no es más que el desarrollo de lo que ya había sido anunciado en la ley de Sanciones e Infracciones. Para estos sectores resulta indiscutible que la Admistración exija un total rigor fiscal con aquellas empresas a las que ofrece contratos de obra pública. Sin embargo, las demoras en el pago a los constructores de las distintas Administraciones: municipales, autonómicas y del Gobierno central, ocasionan problemas financieros, con frecuencia graves, a las empresas constructoras y sigue siendo un caballo de batalla y una reivindicación pendiente de solucionar. El Conjunto de las Administraciones públicas adeuda unos 200.000 millones de pesetas a los constructores, según el informe de la Asociación de Empresas de Obras Públicas de Ámbito Nacional (Seopan) del 31 de marzo de 1985. En las obras contratadas por los ministerios, la deuda representaba un 57,8% del valor de la contratación. En las Administraciones autonómicas representaba el 62.8%.

En la memoria del reciente percance de la empresa catalana Sala Amat, SA, se indica que la falta de liquidez ha sido Ia causa de la presente suspensión de pagos" y que el motivo principal de las dificultades de tesorería han sido los intereses financieros ocasionados por las demoras en los pagos de las deudas de las Administraciones públicas y privadas. Sala Amat calculaba, para su empresa, en más de 100 millones el aumento de gastos ocasionados en un sólo año por este concepto.

Argumentos para la propuesta

La formulación de una posible política de intercambios de deudas está fundamentada, según estas fuentes, en diversas argumentaciones. Por una parte porque ya es práctica habitual con muchos municipios, cuando un constructor presenta como garantía para una futura obra la documentación de la deuda pendiente de cobro de una obra anterior.Por otra parte, viene siendo práctica habitual entre distintas Administraciones públicas o distintos departamentos de una misma administración que se aceptan las deudas mutuas. Esto sería aplicable por ejemplo entre el ministerio de Defensa y la Seguridad Social. Por todo ello, los constructores consideran, oportuno que se resten las mutuas deudas, de forma automática y siguen reclamando el cobro sin demora de las obras públicas contratadas.