La publicidad de las inspecciones

Para el consumidor es tan importante que la Administración cumpla con su obligación como que divulgue públicamente lo que hace. No hay que interpretar esta exigencia como un cheque en blanco a la publicidad política, sino al interés que al consumidor le asiste por conocer cuál es la realidad que impera en el mercado con respecto a los aspectos sanitarios y cualitativos, tanto de los productos como de los servicios. Y justo en esta faceta transmisora es en la que se exige o pide un auténtico feed-back entre Administración y consumidor.Pocos, quizá los incrédulos, pueden sacar como conclusión ante ese vacío divulgativo que la Administración no haga nada en materia inspectora o de control. Los más pensamos que se hace más de lo que parece, aunque menos de lo que se debiera.

A raíz del pleno de la colza -sesión plenaria del Parlamento español celebrada en junio de 1982- se adoptó la conveniencia de divulgar públicamente, con nombres y apellidos, las empresas sancionadas, el motivo y la cuantía de la sanción. Pero desde hace un tiempo se ha dejado de practicar esa política informadora a los consumidores, con el criterio, seguramente, de que no les decía nada y, en cambio, podría perjudicar a las empresas.

En la Comunidad Económica Europea, los Gobiernos se preocupan de comunicar no sólo el balance de sus actuaciones en materia de los derechos del consumidor, sino que además hacen valoraciones sobre los problemas que aquejan y preocupan al consumidor, indicando políticas a seguir en lo venidero para la propia Administración.

A título de ejemplo, en Francia es costumbre que el Secretariado de Estado para el Consumo, antes ministerio, se pronuncie abierta y públicamente sobre la actuación seguida en el año.

En la misma línea, la Dirección de Consumo y de la represión de los fraudes hace lo propio, contando las actividades practicadas. Y ofrece datos que dejan los pelos de punta, tales como que . más de 600.000 acciones de control practicadas por el Servicio de Inspección han propiciado 32.617 muestras para análisis físico-químicos; 8.221 expedientes se han confeccionado, de los que más de 2.000 han sido por infracciones delictivas en los siguientes sectores: calidad de los productos o cumplimiento de la norma técnico-sani-taria (945 expedientes); la publicidad mentirosa (837), el requisamiento de alimentos en mal estado (253), la seguridad en el empleo del artículo (118). Los procedimientos judiciales conocidos para unos 5.000 expedientes se han saldado de la siguiente manera: 11.494.000 francos en multas, 18.870 días de prisión y 3.420.000 francos de indemnización por daños y perjuicios a las víctimas y asociaciones de consumidores como parte en el conflicto.

Y es ésta la información que aquí conviene exigir porque el consumidor debe conocer cuál es el panorama que le rodea.