Greenpeace y el espionaje francés

ACABA DE ser publicado en París el informe de Bernard Tricot, antiguo colaborador del general De Gaulle, encargado por el presidente François Mitterrand de indagar sobre la posible responsabilidad de órganos oficiales franceses en el atentado criminal cometido en el puerto neozelandés de Auckland contra el barco, Raintiow Warrior, que produjo su hundimiento y la muerte de uno de sus tripulantes. El hecho de que Mitterrand encargase tal misión a una personalidad alejada de sus ideas políticas, mas bien de derechas, tenía un objetivo político evidente: que sus conclusiones, si eran favorables al Gobierno, no pudiesen ser achacadas a una solidaridad partidista, y apareciesen con mayores garantías de objetividad. Pero el informe presentado por Tricot no ha tenido en modo alguno ese resultado. Más bien el contrario. Al proclamar, en sus conclusiones finales, una especie de inocencia general, se ha pasado, provocando un efecto de boomerang.

El informe Tricot hubiese cumplido el cometido que aparentemente el Gobierno pretendía si, una vez absueltas las máximas autoridades a nivel de presidencia y de Gobierno, hubiese especificado que, en un nivel determinado de los servicios secretos, tales o cuales jefes o autoridades habían tomado la decisión de cometer el atentado contra Greenpeace. Pero, muy al contrario, exculpa no sólo al Gobierno sino también a los servicios de espionaje hasta su último escalón. En realidad, Tricot se limita en su informe a reflejar lo que le han dicho los diversos responsables. Pero ¿qué operación criminal realizada por un servicio de espionaje ha sido reconocida por sus responsables en un informe como éste, destinado a la publicación? Es significativo que, entre los hechos que en el texto se registran y las conclusiones de inocencia generalizada que proclama en sus últimos párrafos, existe una contradicción neta. Queda claro que precisamente en el momento de la explosión del Rainbow Warrior estaba en Auckland una serie de espías franceses encargados de vigilarle, averiguar cuáles eran sus planes e incluso anticiparse a ellos; entre estos agentes había por lo menos tres especialistas en operaciones submarinas, los cuales salieron de Auckland en su yate Ouvea, que ahora acaban de reaparecer en París y que han sido dejados en libertad por falta de cargos contra ellos. Resulta excesivo pedir al lector del informe Tricot que acepte la tesis de que el espionaje francés escogió agentes formados especialmente para operaciones submarinas para luego encargarles exclusivamente que observasen lo que ocurría en el puerto de Auckland. Ante tamaña incongruencia, queda entreabierta sólo una eventualidad: la de que pudieron provocar la explosión personas movidas por la pasión política o por otros servicios de espionaje.

El prestigio de Francia ha quedado en peores condiciones de lo que ya lo estaba por el hundimiento del buque ecologista después del informe Tricot, porque si bien es dificil determinó responsabilidades y en todo caso hasta dónde podían llegar éstas, parece difícil dudar de que agentes de los servicios franceses son los responsables del atentado de Auckland. El Gobierno neozelandés ha reaccionado con energía: es intolerable que su territorio sea utilizado por los servicios secretos franceses para preparar y realizar acciones de ese género, y que, una vez descubierta la realidad, París no quiera asumir su responsabilidad, presentar las excusas normales de casos de este género y adoptar medidas para descubrir y castigar a los responsables.

El primer ministro Laurent Fabius, en las declaraciones que hizo ayer, tuvo que reconocer que hay graves deficiencias en el control de los servicios de espionaje. Palabras que pueden parecer como una preparación o un primer paso hacia el reconocimiento de una responsabilidad concreta. Pero lo cierto es que, por ahora, no ha habido, por parte del Gobierno francés, ningún paso susceptible de dar satisfacción a las preocupaciones legítimas de la opinión pública, tanto en Francia como en el plano internacional, y muy particularmente en Nueva Zelanda y en la zona del Pacífico. Precisamente por la significación progresista que quiere tener el Gobierno socialista de Francia, debería reaccionar con la mayor claridad y energía frente a un acto que viola de manera tan escandalosa todas las normas del derecho internacional. Si no lo hace, si da una sensación de querer encubrir a los culpables, lo único que logra es que aumente el número de personas que empiecen a creer que la decisión pudo tomarse a un alto nivel que hay que preservar, posiblemente en el mismo Gobierno. Desgraciadarnente, el informe Tricot ha acumulado nuevas capas de desprestigio al que el caso del Rainbow Warrior ha causado a Francia. De ello debería tomar conciencia el Gobierno de París, y comprender que sólo por el camino de una claridad verdadera podrá salir de esta situación desagradable.