Las ayudas publicas al sector privado en 1984 solo serán auditadas en el caso de FEMSA y La Seda de Barcelona

La Intervención General de la Administración del Estado realizará este año 112 auditorías a organismos públicos, empresas y otras instituciones. El control externo de la gestión y la situación financiera del sector público, que se realiza por segundo año consecutivo, incorpora este año la novedad de revisar además las cuentas de empresas privadas que han recibido ayudas oficiales. En este caso el control de auditoría quedará reducido a sólo dos sociedades. Se trata de la Fábrica Española de Magnetos, SA (FEMSA), fusionada con la multinacional Robert Bosch, y de la compañía textil La Seda de Barcelona.

El plan anual de auditorías del sector público se inició el pasado año, en el que se seleccionaron para la revisión de sus cuentas 36 sociedades estatales y 37 organismos autónomos. Asimismo, 298 corporaciones locales fueron sometidas a un control de alcance limitado. Los resultados de la revisión dirigida por la Intervención General de la Administración del Estado dieron pie al presidente del Gobierno, Felipe González, para declarar el pasado 1 de febrero que el Gobierno disponía de 80 "auditorías de infarto". Sin embargo, el debate parlamentario celebrado el 13 de febrero arrojó poca luz sobre la gravedad de las irregularidades detectadas, si bien algunas han sido remitidas a la fiscalía o al Tribunal de Cuentas por si estimaran indicios de delito.El control financiero y de gestión se basa en la disposición adicional 15 de la ley de Presupuestos Generales del Estado para 1984, en el que se establece que "a efectos de realizar las actuaciones de control financiero previstas en el artículo 17 de la ley General Presupuestaria, la Intervención General de la Administración del Estado elaborará un plan anual de auditorías, en el que se irá incluyendo la totalidad de los organismos autónomos y de las sociedades estatales".

El pasado año, la revisión de las cuentas de las sociedades y organismos controlados se hizo en base a establecer su situación financiera a finales de 1982. Este año, el objetivo es analizar la gestión y balance financiero del ejercicio 1984. Las auditorías se hacen en colaboración con empresas privadas o son encargadas a las principales auditoras, aunque la supervisión -está siempre reservada a la Intervención General de la Administración del Estado.

El control de entidades privadas es la principal novedad de este año, aunque la auditoría sólo. se realizará sobre dos empresas (FEMSA y La Seda de Barcelona) de los cientos de sociedades privadas que reciben ayuda oficial. El artículo 18 de la ley general Presupuestaria prevé la realización de control financiero a entidades no públicas en razón de las subvenciones, avales o cualquier otra ayuda percibida con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Ayudas estatales

Las ayudas oficiales al sector privado son cuantiosas. Para este año han sido presupuestadas transferencias corrientes a empresas privadas (subvenciones a la explotación de determinados productos) por valor de 1104.917 millones de pesetas. A ello hay que sumar 121.715 millones de transferencias de capital. Las inversiones públicas por reconversión, según datos del Ministerio de Industria, se elevan ya a 92.400 millones. La mayoría de estas ayudas, salvo en el caso del textil, han sido realizadas en 1984, mientras que para 1985 están previstos 140.739 millones más.El sector de equipos eléctricos del automóvil ha recibido 7.427 millones de pesetas, aparte de los 2.855 millones a adjudicar este año. La Fábrica Española de Magnetos, SA (FEMSA), inició su proceso de reconversión, que concluye este año, en 1981, y ha reducido su plantilla en 1.000 trabajadores. Las ayudas solicitadas a la Administración ascienden a 11.000 millones de pesetas. La multinacional Robert Bosch, que controla el 94% del capital, ha absorbido a la empresa.

El sector textil había recibido hasta el 31 de diciembre de 1984 54.954 millones de pesetas de inversión pública para la reconversión, mientras que para este año están previstos otros 19.704 millones. La Seda de Barcelona, acogida a los planes de reconversión, registró pérdidas desde 1977 a 198 1. El pasado año obtuvo unos beneficios de 601 millones de pesetas. La empresa ha reducido en un 25% su plantilla y ha solicitado 875 millones de ayuda pública, así como subvenciones a la importación de determinados productos.

De las 112 auditorías al sector público, ocho corresponden a la Administración central, entre ellas la Dirección General de Tráfico, Correos y las áreas financieras de los ministerios de Educación y Obras Públicas. El control se extenderá también a 18 organismos autónomos, entre los, que destacan la Junta de Energía Nuclear, el Icona, el IRYDA y el Registro de la Propiedad Industrial.

Entre las empresas estatales, el control se ejercerá sobre cinco sociedades del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), 18 del INI (Hunosa, CASA, ENDASA y ENASA, entre ellas) y 15 de la Dirección General del Patrimonio (Intelhorce, Trasmediterránea, Agencia Efe, Sociedad Estatal de Programas Conmemorativos del V Centeneario del Descubrimiento de América, HYTASA, Mercorsa ... ). Además serán investigadas Renfe, la Sociedad Estatal de Gestión para la Rehabilitación y Construcción de Viviendas y el Instituto Nacional de Fomento de la Exportación (INFE). En el ámbito de la Seguridad Social, la revisión de cuentas incluye a 17 mutuas patronales de accidentes de trabajo (nueve de las cuales tienen más de 5.000 empresas asociadas), 22 instituciones sanitarias y otros seis centros de la Seguridad Social.

Mandato legal

Por imperativo legal, el Estado deberá controlar también los servicios de transporte colectivo de todos los ayuntamientos de población superior a 100.000 habitantes, salvo, Madrid y Barcelona, que hayan arrojado déficit en 1983. También se incluyen los organismos públicos y las empresas que sufran transformación, como es el caso de Campsa y Tabacalera a consecuencia del ingreso en la CEE.

Esa misma exigencia marcada en la ley de Presupuestos se extiende a las empresas que tengan firmado con el Estado un contrato-programa, como es el caso de Renfe y Hunosa, empresa esta última que en 1984 registró 1.566 millones de pesetas de pérdidas después de recibir más de 60.000 millones en subvenciones del Estado. Sólo las ayudas directas recibidas ese año (27.931 millones) superan en casi 8.000 millones el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Asturias. Renfe perdió el año pasado 156.311 millones de pesetas. La aportación patrimonial del Estado a la compañía nacional ferroviaria se elevaba el 31 de diciembre de 1984 a 223.846 millones de pesetas.