Un plan hídrico
El Gobierno aprobó en febrero de 1984 un decreto para modificar el Plan Almonte-Marismas, con el fin de llevar a cabo una regeneración hídrica, único modo posible de hacer que las aguas del río Guadiarnar, cortado por un muro, volvieran a entrar en Doñana por medio de un sistema de canales. Esta obra tenían que realizarla el Instituto para la Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), el Instituto Andaluz para la Reforma Agraria (IARA) y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente ésta del MOPU. Tal obra no podía realizarse sino en época de sequía o estival, por tratarse de una zona de marismas. Siempre según los ecologistas, el decreto fue incumplido, alegando problemas técnicos para la realización de las obras.
Los ecologistas califican de "muy grave" la actual situación del parque y culpan al Icona, al que acusan de negligencia. De ahí que en septiembre de 1984 la asociación Andalus elevara una denuncia al Defensor del Pueblo.
En mayo de 1985, Margarita Retuerto, adjunta segunda al Defensor del Pueblo, Negó a Dofiana para hacer una inspección y comprobó que la Administración había incumplido el plan de obras, ya que cuando aseguraba que las obras se estaban realizando, aún no habían comenzado. "Aunque, eso sí, unos días antes de la llegada de la adjunta del Defensor del Pueblo se hizo llevar maquinaria a la zona". Allí, ante la representante del Defensor del Pueblo, se llegó al compromiso de que las obras tq,rminarían en septiembre de 1985.
