El costo de Rumasa: un billón

Me refiero al editorial publicado en EL PAIS el pasado día 5 con el título La hora del balance de Rumasa. Es de agradecer la petición que en el mismo se hace al Gobierno de una información clara y completa sobre lo ocurrido con el grupo Rumasa desde su expropiación y que al propio tiempo se dé a conocer por el mismo a la opinión pública el costo final de la operación de expropiación, de la subsiguiente gestión gubernamental de las empresas expropiadas y de la reprivatización de las mismas.Estas mismas preguntas son las que motivaron la interpelación al Gobierno en el Congreso de los Diputados el pasado 16 de mayo por parte del Grupo Popular; de dicha sesión se ocupa el editorial de este periódico, pero sólo lo hace para recordar algunas palabras del ex ministro de Hacienda señor Boyer, pronunciadas en aquella ocasión, pero no para poner de manifiesto las denuncias que hicimos en dicha ocasión como portavoz del Grupo Popular, culpando al Gobierno de múltiples irregularidades y anunciando la cifra en que nuestro grupo evalúa el costo de la operación Rumasa, y que para nosotros no bajará de 800.000 millones de pesetas.

Extremos estos últimos que nos llevaron a solicitar del Congreso de los Diputados la constitución de una comisión parlamentaria que investigue la oscura Rumasa estatal. La solicitud fue derrotada por los solos votos socialistas.

En el editorial de EL PAIS se evalúan las pérdidas sufridas por el Estado como consecuencia de la expropiación de Rumasa en los mismos 520.000 millones aproximadamente -cifra ésta que su periódico considera de escalofrío y nosotros de escándalo, ya que cuando se expropió el grupo Rumasa el señor Boyer dijo en el Congreso que se trataba de no perder más de 160.000 millones de pesetas- en que las cifró el ex ministro de Economía al contestar a nuestra interpelación del pasado 16 de mayo.

Pérdidas e intereses

Lo curioso es que los sumandos para Regar al total que utilizan EL PAIS y el señor ex ministro son distintos; así, EL PAIS obtiene dicha suma de 520.000 millones de pesetas como resultado de adicionar a la emisión de deuda pública de 440.000 millones de pesetas, efectuada el pasado año para cubrir el déficit patrimonial del grupo Rumana, los 80.000 millones de pesetas que el señor Del Moral, director general del Patrimonio del Estado, acaba de anunciar en Santander que se van a necesitar más.

Parece claro que entre las cuentas que hacen EL PAIS y el señor Boyer existen 79.000 millones de pesetas de diferencia (véase cuadro adjunto), ya que las cuentas oficiales no computan la emisión de deuda por su valor nominal de 440.000 millones de pesetas.

Si a esta diferencia sumamos los 30.000 millones de pesetas de mayor deuda de Rumasa con Exbank, según ha denunciado el director general del Patrimonio del Estado, el costo total de la operación alcanzaría ya los 625.000 millones de pesetas.

Pero tanto a EL PAIS como al señor ex ministro de Economía y Hacienda, en su día, se les han olvidado los intereses que habrá de soportar el pueblo español como consecuencia de la emisión de deuda por un total de 440.000 millones de pesetas, y que se elevan a la nada despreciable cantidad de 297.000 millones de pesetas, que en un plazo de 12 años habremos de pagar todos los ciudadanos españoles a través de una mayor presión impositiva.

Igualmente sería necesario incluir también los 80.000 millones de pesetas de deudas que el grupo Rumasa tenía con la Seguridad Social y con la Hacienda Pública antes de ser expropiado y que en su mayor parte no se van a hacer efectivos.

Por ello, aun sin tomar en consideración los 100.000 millones de pesetas de pérdidas que la compra de bancos de Rumasa va a suponer para la banca privada y que con toda seguridad ésta repercutirá en sus clientes, el total del costo de la expropiación decidida por el Gobierno socialista de las empresas del grupo Rumasa para los españoles superará al final el billón de pesetas.

Investigación parlamentaria

Es evidente que se hace necesario que por el Congreso de los Diputados se investigue tamaña barbaridad, que, como se desprende del acertado editorial, ha estado rodeada en su gestación de la más absoluta oscuridad, incompatible con un Estado democrático y social de derecho.

Luis Ramallo es portavoz del Grupo Popular en la comisión de investigación del grupo Rumasa desde su constitución hasta la fecha de expropiación del mismo por el Gobierno.