Hernández Gil, Aguilera y Arozamena, 'presidenciables' para el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional

El presidente del Consejo de Estado, Antonio Hernández Gil; el presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona, Cesáreo Rodríguez Aguilera, y el vicepresidente del Tribunal Constitucional, Jerónimo Arozamena, parecen las personas con más probabilidades de cubrir la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o la del Tribunal Constitucional, que se renovarán en los meses próximos. El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, se reunió el pasado viernes, por separado, con Hernández Gil y Rodríguez Aguilera. Las fuentes oficiales consultadas coinciden en que no habrá decisiones antes de septiembre.

Tanto fuentes del Grupo Socialista -incluido su nuevo portavoz, Eduardo Martín Toval- como altos cargos del Ministerio de Justicia aseguraron que las listas de candidatos están todavía verdes y que hasta septiembre no se producirán novedades sobre la renovación en los citados órganos constitucionales. La primera tarea será la preparación de la elección parlamentaria de los 20 vocales del Consejo General, que deberán tomar posesión el 23 de octubre. Precisamente ayer habría cumplido el plazo para convocar la elección de 12 de ellos por el sistema ya derogado de la elección por los propios jueces.Por su parte, el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, estimó "prematuro" hablar todavía de candidatos, aunque reconoció que existen numerosos magistrados y juristas tratando de situarse e incluso ofreciendo su currículo. "Dejaremos pasar agosto y hasta septiembre no se va a poner en marcha la maquinaria de la renovación, pero desde luego no vamos a tener problema de falta de candidatos", afirmó Zapatero.

Fuentes próximas a Alianza Popular vincularon a estas expectativas creadas por los socialistas en la magistratura los reiterados tropiezos jurídicos sufridos por aquel partido en los, últimos tiempos en sus conflictos judiciales con el Gobierno.

Tanteos previos

Sin negar certeza a las afirmaciones oficiales de que hasta septiembre no se empezará a hablar en serio sobre candidaturas, los máximos responsables de la renovación prevista prefieren adelantarse a los acontecimientos. De ahí los frecuentes contactos con personalidades del mundo judicial y jurídico que viene realizando en los últimos tiempos el ministro de Justicia, Fernando Ledesma. En tales encuentros, según han confirmado a este periódico algunos de los interlocutores del ministro, Ledesma no ofrece todavía nada y más bien se dedica a explorar la disponibilidad de los posibles candidatos, en una operación de tanteos previos. En este marco se encuadran los contactos mantenidos por Ledesma el pasado viernes, 19 de julio.

A mediodía, aprovechando un viaje a Madrid del presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona, Cesáreo Rodríguez Aguilera, para tomar posesión de la presidencia de la Asociación Española de Críticos de Arte, se produjo un encuentro en el despacho del ministro. Ledesma y Rodríguez Aguilera se conocen desde hace muchos años, y, juntos fundaron durante el franquismo en Barcelona, con otros magistrados y fiscales progresistas, Justicia Democrática.

Rodríguez Aguilera pertenece a la minoría de magistrados que se han pronunciado sin vacilaciones en favor del sistema de elección parlamentaria introducido por los socialistas en la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para designar a los 12 vocales de procedencia judicial del CGPJ, innovación que ha provocado el planteamiento de un conflicto constitucional con las Cortes, por iniciativa del actual presidente del Consejo General, Federico Carlos Sainz de Robles.

Almuerzo con Hernández Gil

Por otra parte, la edad de Rodríguez Aguilera, 69 años, le impide, por razones de jubilación, tener acceso a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, mientras que sus buenas relaciones con la Minoría Catalana -no deterioradas por el asunto de Banca Catalana, del que se ha ocupado como presidente de la Audiencia de Barcelona- le asegurarían probablemente el apoyo de dicho grupo para un puesto en Madrid.

El mismo viernes 19 de julio, poco después de la entrevista con Rodríguez Aguilera, el ministro de Justicia almorzó en la sede del Consejo de Estado con su presidente, Antonio Hernández Gil. Entre otros asistentes al almuerzo, estuvo el vocal de la minoría progresista del Consejo General, Fernando García-Món.

Hernández Gil fue presidente de las Cortes Constituyentes y uno de los candidatos más caracterizados a la primera presidencia del Tribunal Constitucional, puesto al que no tuvo acceso por la oposición personal del entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez. Desde los tiempos de la Comisión Mixta Congreso-Senado, que dio en 1978 los últimos toques al proyecto de Constitución aprobado por ambas Cámaras, el hoy vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, manifestó una gran estima por el profesor Hernández Gil. Es clásica ya la anécdota que refleja a Guerra identificando a Hernández Gil con el símbolo de la Justicia que mantiene la balanza entre las manos.

En cambio, la relación con Fernando Ledesma es muy reciente. Ledesma acudió a Hernández Gil para consultarle la constitucionalidad de la fórmula de elección parlamentaria de los 12 vocales del CGPJ, poco antes de que la mayoría socialista la introdujera en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados. La respuesta fue plenamente favorable. A partir de ahí los contactos entre Hernández Gil y Ledesma comenzaron a ser frecuentes, y a juzgar por lo que expresan personas próximas a ambos, la buena impresión mutua se ha ido cimentando en pocos meses.

El azar, pieza clave

Una de las razones para que todavía no se puedan hacer ofertas concretas ni plantear candidaturas firmes consiste en que una parte importante de las vacantes que se van a dilucidar depende del azar. En función de que sean unos u otros los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que resultasen sustituidos, las personas que entrarían en juego podrían tener una u otra ubicación.

El sorteo corresponde celebrarlo en octubre próximo, y hasta que no se realice no se sabrá si son los cuatro magistrados elegidos por el Senado -entre ellos el presidente, Manuel García Pelayo- los que habrán de ser sustituidos entre octubre y febrero, o, por el contrario, los dos que fueron designados por el Gobierno -entre ellos el vicepresidente, Jerónimo Arozamena- y los dos designados por el CGPJ.

Al margen del azar, parece claro, por imperativos legales, que los cuatro magistrados que hayan de renovarse no pueden ser reelegidos, a diferencia de lo que ocurrió cuando, también por sorteo, correspondió renovar a los cuatro magistrados elegidos por el Congreso.

Aunque altas fuentes gubernamentales consultadas por EL PAIS parecen mantener dudas sobre la materia e insisten en que es probable el mantenimiento de la mayoría de los magistrados a renovar, la reelección de aquellos cuatro magistrados se produjo en virtud de la disposición transitoria 3ª.2 de la ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), mientras que ahora la norma aplicable ha de ser el artículo 16.2 de dicha ley, según el cual "ningún magistrado podrá ser propuesto al Rey para otro período inmediato, salvo que hubiera ocupado el cargo por un plazo no superior a tres años". Esta circunstancia no concurrirá ahora en ningún magistrado.