Fernández Ordóñez asiste hoy a la reunión en Bruselas sobre el futuro institucional de la CEE

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Comunidad Económica Europea (CEE) ampliada -Francisco Fernández Ordóñez se estrenará en estos foros- se reúnen hoy y mañana en Bruselas para, en principio, convocar la conferencia intergubernamental que deberá estudiar la reforma del Tratado de Roma para mejorar el funcionamiento institucional de la CEE y avanzar en la integración-europea, tras la decisión tomada en la cumbre europea de Milán.

ANDRÉS ORTEGA, El ministro de Asuntos Exteriores español, Francisco Fernández Ordóñez, vendrá acompañado de Manuel Marín, secretario de Estado para las Relaciones con la CEE, quien, según aseguraron altas fuentes españolas, será uno de los dos comisarios españoles en la Comunidad. Ordóñez se entrevistará hoy con el vicepresidente de la Comisión Europea, Lorenzo Natali, y mañana, con el presidente, Jacques Delors.El primer punto del orden del día de la reunión ministerial es la convocatoria, seguramente para el 9 o 10 de septiembre, de la conferencia intergubernamental. El Reino Unido, Dinamarca y Grecia consideran superflua esta conferencia, que al final requerirá un acuerdo por unanimidad a la hora de reformar algunos artículos del Tratado de Roma. Sin embargo, no obstaculizarán su convocatoria. Se trata de reformar principalmente los artículos que exigen una decisión por unanimidad para la creación de un verdadero mercado interior.

No está claro si esta misma conferencia tratará también de la institucionalización de la cooperación política (intento de armonizar la política exterior de los países miembros) o si este tema discurrirá por otro camino.

División matizada

La división que surgió en Milán entre los siete y los tres no es ya tan clara como entonces. Paralelamente a la convocatoria de la conferencia, la presidencia del Consejo de Ministros de la CEE ha hecho suyas las ideas británicas (que pugnan por demostrar que no es necesario reformar el Tratado) para unas mejoras pragmáticas e inmediatas del sistema de decisiones en la CEE, referentes a la limitación del uso del veto del llamado compromiso de Luxemburgo de 1966, que permitió el veto por razones de interés vital nacional.

La RFA encuentra algo "molesto" el ir hacia una fórmula que obligue a justificar cualquier veto. Los más europeístas -Italia y los países del Benelux- consideran que el fijar por escrito, en una modificación del reglamento interno del Consejo, cualquier limitación al derecho de veto implicaría santificar el compromiso de Luxemburgo, que estos países nunca han reconocido y que de hecho es sólo la constatación de divergencias.

El Consejo debe también aprobar la ayuda de preadhesión a España para la reestructuración de la flota pesquera de 28,5 millones de ECU (3.600 millones de pesetas). La CEE intervendría en un 60% del coste del desguace hasta un máximo de 1.000 -o 900, pues no está aún decidido- ECU (128.000 pesetas) por tonelada de registro bruto desguazada. Para la gestión de esta ayuda, Francia quiere que intervenga el Consejo. Además, antes de dar la luz verde, París quiere obtener de la CEE la ayuda a las conservas de sardina que entendió fui prometida cuando las negociaciones de adhesión.

Los doce hablarán también, entre otros temas, de las relaciones con América Central. En noviembre se reunirán en Luxemburgo, como lo hicieron el pasado mes de septiembre en San José de Costa Rica, los titulares de Exteriores de los países de la CEE, de Centroamérica y del Grupo de Contadora para firmar un acuerdo marco de cooperación y comercio.