Sanidad abrirá una 'línea caliente' para atender las demandas de aborto, que se estiman en 25.000 al año

El Ministerio de Sanidad, ante la puesta en práctica de la ley del aborto, abrirá una línea caliente para que las interesadas puedan obtener la información que precisen. Pocos preparativos más han podido poner en marcha, a pesar de la inminencia de entrada en vigor de la ley (12 de agosto), por cuanto el rechazo de la Organización Médica Colegial a su aplicación añade más obstáculos de los previstos. El temor a que colectivos médicos y partidos conservadores impugnen como anticonstitucional cualquiera de los reglamentos que regulen su cobertura jurídica y sanitaria está retrasando la habilitación de centros públicos donde pudieran acudir las 25.000 españolas que se estima puedan abortar anualmente.

A partir del próximo 12 de agosto pocas cosas van a cambiar para las 25.000 españolas que se ven apremiadas cada año a interrumpir su embarazo no deseado. Desde ese día, tal como expresa la Ley Orgánica 9/1985, "no será punible el aborto practicado por un médico, o bajo su dirección, en centro o establecimiento sanitario público o privado, acreditado y con consentimiento expreso de la mujer embarazada".El calendario no privará a España por eso de ser el último país de la Comunidad Económica Europea en despenalizar el aborto. Esa ventaja, que permitiría aprovechar la experiencia de quienes llevan varios años asumiendo jurídica y sanitariamente lo que en España se ejecuta en la clandestinidad, no parece que sea aprovechable. De esta manera, lo que en la práctica es un problema que afecta directamente a las mujeres, y en todo caso a las parejas, corre el riesgo de convertirse en un asunto cuya competencia pasa a ser exclusivamente de un colectivo profesional, en este caso el de los médicos.

Esta impresión, recogida en fuentes del Ministerio de Sanidad, se deduce de los impedimentos que está encontrando la redacción de los dos reglamentos necesarios para desarrollar la aplicación de la ley. El primero regulará la autorización y funcionamiento de los centros sanitarios acreditados para practicar la interrupción del embarazo, y el segundo, la provisión de los recursos humanos disponibles para efectuarlo, es decir, los médicos resueltos a ejecutarlo. Para elaborar ambos reglamentos, que deberán publicarse antes del 12 de agosto, el Gobierno está encontrando muchas más resistencias de las previstas. La comisión deontológica de la Organización Médica Colegial -entre cuyas denuncias no constan públicamente referencias de los numerosos compañeros que practican clandestinamente el aborto- ha anticipado que "no es admisible solicitar de los médicos una declaración de objeción de conciencia. Las condiciones morales del médico pertenecen a su intimidad y están amparadas por la Constitución".

Quién, dónde y cómo

Este manifiesto se hizo público la semana pasada, justo en el momento en que las autoridades sanitarias efectuaban una encuesta entre los médicos de la Seguridad Social para saber quiénes estarían dispuestos a interrumpir el embarazo. Esta encuesta, cuya respuesta no es obligatoria, tiene por objeto conocer las disponibilidades de la sanidad pública para hacer frente a la demanda, calculada inicialmente en 25.000 mujeres.

Los colegios médicos, sin embargo, lo interpretan como una intromisión que conculca a la vez el artículo 114 del Código de Deontología y los artículos 15 y 16.2 de la Constitución, que protegen el derecho a la vida y la libertad de creencias, respectivamente.

Las autoridades sanitarias temen que este análisis sesgado de la encuesta conduzca, inevitablemente, a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad que paralizaría y retrasaría la entrada en vigor de la ley por tiempo indefinido. Sondeos previos al planteamiento de la ley mostraban que sólo el 12%. de los médicos estaban dispuestos a practicar el aborto; entre un 40%, como mínimo, y un 80%, como máximo, se acogerían a una cláusula de conciencia, es decir, quedarían excluidos de la lista de disponibles. También se ha sabido que el viernes pasado el Gobierno retiró del Consejo de Estado una consulta sobre los reglamentos. Esta decisión, junto a una nueva redacción de los mismos, podría haber sido tomada al recibir información de que el dictamen -no vinculante- de esta alta institución, que estaba previsto resolver para el día 25, pudo acordarse el mismo viernes 19 en sentido negativo.

35 centros de planificación

A pesar de estos impedimentos, que se vienen a sumar a los largos trámites que ha sorteado la ley, el Gobierno parece decidido a dar curso al mandato parlamentario.

Como primera medida, y dada la premura de tiempo, tiene previsto establecer una línea caliente en el propio Ministerio de Sanidad, donde se facilitará información de los centros adonde pueden dirigirse las consultas. Estos centros públicos corresponden a los de planificación familiar. Excluidas Andalucía y Cataluña, que tienen asumidas competencias en este campo, y los que dependen de asociaciones, ayuntamientos y otras comunidades autónomas, hasta ahora suman 35, número que se espera alcance los 100 para finales de 1986.

Los centros de planificación privados, que canalizan la mayoría de las demandas de aborto, ignoran en la fecha actual las orientaciones que el Ministerio de Sanidad va a aplicar con la despenalización del aborto. Representantes de los centros de Entrevías, Pablo Iglesias y Salud y Mujer de Madrid lamentan el hecho de que no hayan sido consultados ni se les haya pedido su colaboración en este tema, sobre el que cuentan con una experiencia de más de ocho años.

Como el aborto continúa siendo un tabú en la sociedad española, coinciden con Sanidad en que, a pesar de los medios públicos que se arbitren a disposición de la demanda, serán los centros privados quienes atiendan la mayoría de las consultas por una cuestión tan simple como la discreción. A muchas mujeres les resulta irresistible encontrarse en una consulta con su vecina o un familiar. "Prefieren ser tratadas como un rebaño de proscritas en una consulta de Londres o Amsterdam que pasar por ese trance".

Hay que cerrar los ojos para encubrir la realidad del aborto en España. "De cada 20 consultas que asistimos a la semana, siete son demandas de aborto", dicen en Entrevías. En el centro Pablo Iglesias, la cifra supera las 30 semanales. En estos centros, como en las consultas privadas de médicos, la demanda se canaliza hacia especialistas españoles, cuyas minutas varían entre las 20.000 y las 100.000 pesetas cuando se trata de embarazos en estado precoz. Si la embarazada supera los 10 o 12 meses de gestación, etapa que ya requiere una hospitalización y anestesia general, es canalizada hacia un centro extranjero.