Alfonso Guerra afirma que el auto "repone la verdad en su sitio, en contra de las calumnias y las difamaciones"
El vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, afirmó ayer, después de conocer el auto del Tribunal Supremo en el que se afirma que no hay indicios de que ni él ni otros miembros del Gobierno tengan responsabilidad en el caso del espionaje policial a partidos políticos, que el auto "repone la verdad en su sitio en contra de las calumnias y las difamaciones que algunos grupos políticos y determinados medios de comunicación han estado realizando sobre este tema". Mientras, portavoces del Partido Demócrata Popular (PDP) y del Partido Comunista de España (PCE) han reafirmado su convencimiento sobre la responsabilidad política del Gobierno en este asunto.Guerra, en declaraciones a Televisión, señaló su satisfacción por el auto del Tribunal Supremo y afirmó que supone "una llamada a la responsabilidad para que, cuando se hagan imputaciones de actos punibles, se hagan con conocimiento y pruebas y no que se esté desestabilizando y desacreditando el sistema democrático, para el lujo de que un determinado político quiera permitirse hacer esas cosas y que determinados medios de comunicación afines quieran aprovecharlas".
Por su parte, el secretario de organización del PSOE, José María Benegas, manifestó a Efe que "moralmente" Manuel Fraga y José María Ruiz Gallardón de ben reparar el daño causado al vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, y al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Eduardo Martín Toval. Tras conocer la decisión del Tribunal Supremo en tomo a la querella presentada por Alianza Popular por presunto espionaje a partidos políticos, Benegas afirmó que "al menos esa disculpa pública demostraría que no actuaron de mala fe".
Ayer no fue posible el contacto con ningún responsable de AP pese a que este periódico intentó comunicarse con alguno de ellos Rogelio Baón, miembro del Grupo Popular, afirmó en Televisión que su grupo acataba el auto, aunque esperaban que "el proceso continúe y se depuren las responsabilidades a que haya lugar, ya que lo que está claro es que Alianza Popular ha sido espiada".
El portavoz del Gobierno, Javier Solana, dijo que el Gabinete está "plenamente satisfecho" con la decisión del Tribunal Supremo, cuya decisión pone de relieve, en opinión del portavoz gubernamental, que "no existen indicios de culpabilidad contra ninguna persona sometida a fuero". Solana agregó que "el Gobierno ha mantenido en todo momento plena confianza en todos sus miembros".
Por su parte, el PDP, coaligado con AP, anunció ayer que se personará como parte interesada y "perjudicada" en el sumario que se instruye por presunto espionaje policial a los partidos políticos, ya que "hemos visto que algunas partes del sumario revelan que es muy probable que por parte de algunos servicios se hayan producido intromisiones irregulares en actividades del PDP".
El PCE anunció, por su parte, en conferencia de prensa celebrada ayer, que presentará una pregunta al presidente del Gobierno para saber si éste respalda el informe enviado por el director general de la Policía, Rafael del Río, al juez Vázquez Honrubia (ver EL PAÍS de ayer). Respecto al auto del Tribunal Supremo, Enrique Curiel, vicesecretartio general del PCE, manifestó que "hay que evitar la judicialización del problema. Nuestra querella es de matiz distinto a la de AP, pero nos interesaría conocer el informe de la Fiscalía del Estado en el que, al parecer, se ha amparado la Sala Segunda del Supremo". Para Curiel "es clara la responsabilidad política de Guerra, si bien es difícil de demostrar su responsabilidad penal".
De su lado, Luis Sánchez Mavellán, abogado de la Dirección General de Policía, declaró a Efe que el auto del Supremo "da la razón a la dirección general al rehusar su competencia para conocer las actuaciones derivadas de la querella de AP".
