La Comisión de Exteriores del Senado aprueba la adhesión de España a la CEE

La Comisión de Asuntos Exteriores del Senado aprobó ayer con la unanimidad de todos los grupos la ley orgánica que autoriza la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Esta ley pasará a ser debatida, y definitivamente aprobada, el próximo miércoles en el Pleno de la Cámara Alta, con la asistencia del presidente del Gobierno, Felipe González, y del nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez. El Grupo Popular pedirá el próximo mes de septiembre la creación de una comisión que realice el seguimiento del proceso de integración, y que deberá informar periódicamente de sus conclusiones a las Cortes.Los portavoces de todos los grupos parlamentarios dejaron constancia de su satisfacción por el ingreso de España en la CEE. Las dos enmiendas del Grupo Popular que se mantienen para el Pleno no fueron óbice para que en el momento de la votación todo fueran síes.

El senador popular Carlos Robles Piquer pidió la inclusión en esta ley orgánica de la creación de una comisión, compuesta por representantes de las 17 comunidades autónomas y 18 parlamentarios, y presidida por el Gobierno. Esta comisión efectuaría el seguimiento del proceso de integración a partir del 1 de enero de 1986. El socialista Arturo Tizón hizo ver al senador de AP que no era esta ley el marco adecuado para fijar la creación de ese órgano. Robles Piquer señaló que su grupo propondría la misma iniciativa en otro trámite parlamentario, como puede ser en una moción. Esta ley orgánica no hace sino ratificar la firma del tratado por el reino de España.

Las competencias de Canarias fueron objeto de la segunda enmienda del Grupo Popular, también rechazada, defendida por el senador de esa comunidad Angel Guimerá Gil. La enmienda pretendía introducir en la ley una disposición adicional que garantizara la facultad de ese Parlamento autónomo de emitir un informe previo a cualquier ley que afecte al régimen económico y fiscal de Canarias. Lo preceptivo de este informe figura en el estatuto de autonomía de las islas y en la propia Constitución.