Los tribunales emprenden acciones judiciales contra quienes han filtrado datos policiales sobre el espionaje

A raíz de datos suministrados por la Dirección General de la Policía, se han iniciado dos acciones judiciales contra los probables autores de filtraciones a los medios de comunicación de datos directamente relacionados con el espionaje policial sufrido por diversos partidos políticos en los últimos años, según han informado fuentes judiciales y policiales. Según reconocen altos cargos del Ministerio del Interior, la policía utilizará ambas acciones para descubrir a las personas que facilitaron información a la Prensa sobre el espionaje.

Una de las acciones interpuestas se refiere a la difusión de documentos en EL PAÍS y la otra a la publicación de la ficha policial de Enrique Curiel, dirigente del PCE, en Diario 16. En ambos casos, el director general de la Policía, Rafael del Río, insistió ayer en que ni el Ministerio del Interior ni la policía han presentado querella alguna, aunque confirmó que existen ambas acciones judiciales, y añadió que la policía está en su derecho al tratar de descubrir qué funcionarios han realizado las citadas filtraciones.Del Río explicó que la primera acción judicial, relacionada con EL PAIS, se refiere a una información aparecida en este periódico el pasado 30 de mayo, en la que se incluían varios informes policiales con sellos de la Brigada de Interior, que contenían datos de actuaciones de partidos políticos o de dirigentes como Jordi Pujol o el propio Felipe González, presidente del Gobierno.

El director de la Policía indicó que, cuando prestó declaración ante el juez José María Vázquez Honrubia sobre el espionaje a los partidos políticos, dijo, en respuesta a una pregunta del fiscal, Carlos Ladrón de Cegama, que los citados documentos publicados en este periódico eran falsos, y que le enviaría informes para demostrarlo. Días después, le envió dos informes: en uno se recogía con detalle el sistema que emplea la Brigada de Interior para recabar información y los lugares a los que es enviada dicha información; en el segundo informe, se incluían los argumentos por los que, según la policía, los datos aportados por este periódico eran falsos.

A la vista de ambos informes, las autoridades judiciales decidieron deducir testimonio, es decir, iniciar una causa por si existiera responsabilidad criminal en los hechos. La correspondiente causa está siendo estudiada por el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid.

La ficha de Curiel

Con respecto a la ficha policial de Enrique Curiel, el propio Del Río también explicó que, a la vista de la información publicada en mayo pasado por Diario 16 -que incluía una fotocopia de la citada ficha policial-, el Ministerio del Interior decidió enviar a la Fiscalía General del Estado un informe para que, igualmente, estudiará la posibilidad de que varias personas hubieran cometido algún delito.Concretamente, el director de la Policía entiende que, en este caso, algún funcionario policial puede haber sido autor de un delito de infidelidad en la custodia de documentos o de otro de robo de documentos. Según fuentes judiciales, el ministerio fiscal ha puesto en marcha por este motivo una nueva acción judicial, pero Del Río dijo desconocer este extremo, así como el juzgado al que le ha correspondido instruir el correspondiente sumario.

Al referirse a la ficha de Curiel, Rafael Del Río señaló que, en el momento en que fue extraída de las dependencias policíales, la citada ficha se encontraba en unos archivos "no operativos", ya que formaba parte de una amplia documentación que ha sido apartada a la espera de ser enviada a otro lugar o destruida. Añadió que este tipo de fichas, relativas a personas amnistiadas o indultadas, sirven en ocasiones como "base documental", pero nunca como archivo policial efectivo.

Iniciativa fiscal

Según fuentes judiciales, es muy probable que, tanto en un caso como en el otro, las acciones judiciales se hayan interpuesto por iniciativa del ministerio fiscal. Las mismas fuentes han señalado que, al menos de uno de los casos, fue consultado previamente el fiscal general del Estado, Luis Burón Barba.Las fuentes informantes señalaron que, en la instrucción de ambas acciones judiciales, tendrán que prestar declaración los periodistas autores de las mencionadas informaciones, así como varios mandos policiales de la Comisaría General de Información y de la Brigada de Interior.

Por otro lado, el director general de la Policía, preguntado por qué la policía está utilizando abogados ordinarios en lugar de abogados del Estado -como es lógico cuando se trata de defender los intereses del Estado, según precisan las fuentes judiciales informantes-, respondió que en España hay muy pocos abogados del Estado y que, además, los escasos miembros de ese colectivo tienen ya mucho trabajo.

El abogado Luis Sánchez Movellán es el que, desde el pasado 14 de junio, está personado en la causa que se sigue por el espionaje políticoo de que ha sido objeto Alianza Popular.

Sólo un día después *de que Sánchez Movellán comunicara al juez Vázquez Honrubia que tenía que defender los intereses de la policía en la causa, el magistrado decretó el carácter secreto del sumario para todas las partes. Unos días antes, había decretado el secreto sólo para los representantes de AP.