Por un control de la exportación de armas

La industria bélica, que puede aparecer como una fuente de ingresos en la exportación de armas, en realidad fomenta el paro. Ésta es la tesis de arranque de la argumentación de los articulistas, que propugnan una legislación sobre industria de armamentos que controle estrictamente que no se exporte armamento a Gobiernos que violan los derechos humanos, que no se vendan armas ni se transfiera tecnología bélica a zonas de guerra actual o potencial y que exista una mayor transparencia en las operaciones ante la opinión pública.

Existen dos puntos de vista para considerar la exportación de armas. Uno es verla como una fuente de ingresos para el país y una vía para mantener 3, crear empleo; en definitiva, una pieza clave del crecimiento económico. Otro es tener en cuenta que los efectos económicos que causa a medio y largo plazo en las estructuras económicas, tanto del país exportador como del comprador, son negativos.Numerosos estudios llevados a cabo en el marco de las Naciones Unidas y otros como el de la Comisión Independiente sobre Asuntos del Desarme y Seguridad, presidida por Olof Palme, indican que la industria bélica, en general, fomenta el paro, dado que la misma cantidad de dinero invertida en otros sectores de la economía genera más empleo y desarrollo. Paralelamente, la industria de las armas produce serios desequilibrios económicos al acelerar la inflación, competir con otros campos de la industria civil y desviar recursos de la investigación y el desarrollo, pervirtiendo el papel de la ciencia. Inga Thorsson, presidenta del Grupo de Expertos sobre Desarme y Desarrollo de la ONU y subsecretaria de Defensa del Gobierno sueco, considera que "los desembolsos militares se incluyen, por definición, en la categoría de consumo y no en la de inversión. A consecuencia de ello, unos gastos militares constantemente altos o en ampliación tienden a contraer el crecimiento económico".

Otra conclusión que se extrae de estos informes es que los países -especialmente si pertenecencen al llamado Tercer Mundo- destinan a la adquisición de armas cada vez más fondos que necesitan urgentemente para solucionar problemas como el hambre, la falta de viviendas y la creación de una infraestructura económica que permita satisfacer las necesidades mínimas de las poblaciones. Más de la mitad del presupuesto del Estado etiope, por ejemplo, se destina a defensa, mientras que cada día mueren centenares de personas por falta de alimentos. Por otro lado, las transferencias de armas y tecnología agravan el problema financiero internacional de la deuda externa, uno de los más graves de nuestra época. El Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo (SIPRI) calcula que alrededor de la cuarta parte de los créditos contratados por el Tercer Mundo se debe a importación de alta tecnología bélica. Hay que señalar, además, que las armas que se exportan -especialmente las ligeras- al Tercer Mundo son utilizadas para la represión interior.

Coordenadas peligrosas

A estas consideraciones hay que añadir el marco moral: si exportar armas resulta de por sí cuestionable, venderlas a Gobiernos dictatoriales o países en áreas de conflicto debería resultar condenable, más aún en una época en la que se cruzan las coordenadas de un material bélico cada vez más sofisticado con una mayor internacionalización de las crisis (por ejemplo, en Oriente Medio), las posibilidades de que una guerra localizada escale a un conflicto que implique a las potencias nucleares, la venta de armas resulta un acto irresponsable.

España exportó armamento -en especial, explosivos, municiones y cañones- por un valor aproximado a los 100.000 millones de pesetas en 1984. El Gobierno ha estimulado en los últimos años las transferencias de tecnología bélica y manifestado su voluntad de competir en el mercado internacional de armamento con materiales más complejos, como por ejemplo misiles. Conviene recordar en este punto que la mayor parte de la industria bélica española está controlada por el Instituto Nacional de Industria (INI), y que el 9% de las exportaciones proviene, por tanto, de empresas estatales. Por otra parte, informaciones aparecidas en este periódico (véase EL PAIS del 7 de abril de 1984 y 15 de julio de 1984, entre otros) permiten deducir el carácter mafioso e flegal de un sector de la exportación que maneja el secreto como prioridad. Pese a que se exija un certificado de último destino de las armas, el mercado internacional de armas es lo suficientemente negro e ilegal como para saltarse las normas. El 7 de abril de 1984 EL PAIS nos informaba que "la mayor empresa exportadora (de armas españolas) es casi una desconocida para el EJecutivo". Éste es un ejemplo de un fenómeno muy conocido en otros países, y no debe sorprender que acompañe al estímulo oficial a la venta de armamentos.

Entre los clientes de armas españolas se encuentran Chile, Perú, Marruecos, Irak, Libia, Indonesia, Suráfrica, Paraguay, Jordania, Argentina y Egipto, países muchos de ellos regidos por Gobiernos que violan sistemáticamente los derechos humanos o están en zonas de conflicto. En fecha próxima el Gobierno regulará el comercio de armas a través de un real decreto. Es necesario que la nueva legislación cumpla, como mínimo, estos requisitos:

a) Que controle estrictamente que no se exporte armamento a Gobiernos que violan los derechos humanos.

b) Que no se vendan armas ni se transfiera tecnología bélica a zonas de guerra actual o potencial.

c) Que exista una mayor transparencia en las operaciones de cara a la opinión pública.

Éstos son pasos anteriores a otros muy necesarios, como son el gravar con mayores impuestos las exportaciones de armas (como recomienda el Informe Brandt) y el iniciar un estudio en profundidad en vistas a reconvertir la industria bélica en civil -como un paso efectivo hacia el desarme-, tal como lo recomendó a todos los países del mundo la ONU en 1982. El aporte y el ejemplo español serían muy importantes.

Carmen Sacristán y Luis Otero son miembros de la junta directiva de la Asociación Pro Derechos Humanos. Mariano Aguirre forma parte del Grupo de Desarme de dicha asociación.