El equipo municipal comunista de Córdoba se querella contra el portavoz del PSOE
El equipo municipal de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, de militancia comunista, ha anunciado la próxima presentación de una querella criminal por calumnias e injurias contra el portavoz socialista en la corporación, Miguel Zamora, tras unas declaraciones de éste en las que insinuaba una posible relación entre la concesión de las obras del frustrado aparcamiento de la avenida del Gran Capitán a la empresa barcelonesa Saba y las deudas que tiene el PSUC con Banca Catalana, dada la conexión existente entre este grupo financiero y la citada empresa.El equipo comunista entiende que de dichas declaraciones pueden desprenderse acusaciones al Gobierno municipal de un delito de cohecho. Por otra parte, el alcalde en funciones, Herminio Trigo, recuerda en una nota pública que los socialistas votaron a favor de la adjudicación de las obras a dicha empresa y del propio proyecto técnico en los plenos celebrados en junio de 1983 y marzo de 1984.
La asesoría jurídica municipal estudia en estos momentos la viabilidad de los trámites de esa pretendida querella criminal, mientras Miguel Zamora, por su parte, asegura que en sus sospechas -"a las que tengo derecho"- no existe ningún tipo de acusación de corrupción. El portavoz socialista reconoce el voto afirmativo de su grupo en ambos plenos, pero niega que haya participado en las negociaciones políticas previas, donde reside la cuestión de este nuevo conflicto. Zamora insistió en que la adjudicación ha sido un error político, que se ha podido deber también a "motivaciones políticas".
El ya dilatado problema del aparcamiento de Gran Capitán adquiere así una nueva derivación política dentro del Ayuntamiento de Córdoba, después de que la Junta de Andalucía paralizase sus obras el pasado mes de enero para salvaguardar los yacimientos históricos encontrados. El proyecto acordado entre las dos instituciones para abovedar el socavón abierto en pleno centro de la ciudad se está retrasando demasiado, según el Ayuntamiento. El alcalde, Julio Anguita, reclamó hace dos semanas al consejero de Cultura, Javier Torres Vela, una solución urgente. Días después, el delegado provincial de Cultura, Juan Ignacio González Merino, aseguró que la Junta no estaba dispuesta a precipitar esa solución con la rapidez que reclama el Ayuntamiento.
Se ha cumplido, pues, un año desde el inicio de las obras de este pretendido aparcamiento subterráneo para 450 plazas, con otra ronda de acusaciones que lo presentan, desahuciado ya el proyecto, como uno de los temas electorales claves para las próximas elecciones municipales.
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