El vídeo comunitario defrauda 1.400 millones al año

La emisión de películas a través del llamado vídeo comunitario supone en España una defraudación de la propiedad intelectual de unos 1.400 millones de pesetas anuales, según estimaciones de la Federación Antipiratería (FAP).La FAP, en un informe enviado a Efe, señala que en España actúan alrededor de 500 vídeos comunitarios, y su actividad constituye un nuevo tipo de economía sumergida "incontrolada y favorecida por la inhibición de la Administración y un vacío legal que regule estas iniciativas".

Por ello considera urgente la redacción de una normativa que controle las actividades del vídeo comunitario, hoy ilegales. La FAP está realizando un estudio sobre este tipo de piratería, cuyos resultados serán entregados a la comisión interministerial que estudia la elaboración de un real decreto para regular estas emisiones.

El vídeo comunitario, en opinión de la FAP, representa actualmente "una grave competencia desleal para los sectores videográfico y cinematográfico, una constante defraudación de la propiedad intelectual y una evidente evasión fiscal".

"Por otro lado, y en opinión de los expertos", añade, "el grave descenso de espectadores de cine, que en 1984 ha pasado de 140 millones a 120 millones de personas, y el cierre de más de 500 salas de exhibición el mismo año, ha sido causado en gran medida por la explotación de la obra cinematográfica de forma incontrolada".

La defraudación de la propiedad intelectual, dice la federación, es continua, desde el momento en que el vídeo comunitario explota una casete cuyo alquiler sólo da derecho a verla en una casa.

La explotación del vídeo en comunidad apareció por primera vez en Barcelona, en 1981.

La firma denominada Televecino Club inició la instalación de equipos para dar servicio de imagen a distintas comunidades, programando diversas películas desde un magnetoscopio conectado a la antena colectiva. A partir de ahí se inició el fenómeno del vídeo comunitario, que en 1984 alcanzó un auge preocupante para el sector.

Recientemente, se ordenó el cierre de la emisora de televisión privada Valvipri, en Valencia, que emitía películas alquiladas en videoclubes con una cobertura que llegaba a 1.500.000 personas.