La Junta se enfrenta a Obras Públicas por la construcción de un puerto deportivo en Cádiz

La Consejería de Política Territorial de la Junta de Andalucía ha ratificado su apoyo a la solicitud realizada por Marina del Puerto, SA, promotora de un complejo deportivo en El Puerto de Santa María (Cádiz), para que se le otorguen los beneficios de la Gran Área de Expansión Industrial de Andalucía. Mantiene así criterios opuestos a los de un reciente informe del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU).

En las conclusiones del informe se calificaba el proyecto como "no deseable ni aconsejable", y sugería que no fuese concedida la subvención.Julián Campo, ministro de Obras Públicas, reconoció recientemente en Cádiz que los informes que posee su departamento son negativos, pero indicó que una comisión interministerial escuchará los argumentos de la Junta de Andalucía. Finalmente, decidirá el Consejo de Ministros.

Hasta el momento, el apoyo del Gobierno andaluz ha ido acompañado de una aportación de la Sociedad para la Reconversión Económica de Andalucía (Soprea), de 27 millones de pesetas, lo que debería corresponder al 5% del capital social de la empresa promotora. No obstante, los técnicos del MOPU indican que en aquel momento -diciembre de 1983-, según el registro mercantil, el capital era de cinco millones de pesetas.

El consejero de Política Territorial, Jaime Montaner, se ha mantenido al margen a la hora de señalar si el capital fundacional de la promotora es suficiente para la envergadura del proyecto, pero sí ha entrado en problemas urbanísticos y ambientales. El proyecto, en su opinión, consolida la autorización de rellenos del futuro Puerto Sherry -denominación del complejo deportivo y urbanización aneja-, "que está vigente y que es legal". Por otro lado, deja que el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María -de alcalde comunista- y la empresa resuelvan en su día cuestiones como el número de apartamentos que serán construidos, los volúmenes de la edificación, la ocupación, el uso público o los accesos.

El consejero defiende que la obra se haga con el menor impacto, mayor beneficio posible a la colectividad y dentro de la legalidad".

La AMA, organismo dependiente de la Presidencia de la Junta, en un informe que no se ha hecho público y al que ha tenido acceso este periódico, sugiere el cambio de ubicación, como ya lo hiciese el MOPU, hacia el río Guadalete, en la misma población.