La Junta de Jueces de Madrid rechaza la intromisión del director de la Policía en la actividad de un magistrado

La Junta de Jueces Penales de Madrid informó ayer que el titular del Juzgado de Instrucción número 21, José María Vázquez Honrubia, recibió el pasado martes una llamada telefónica del director general de la Policía, Rafael del Río, en la que éste le expresó "el profundo malestar del Gobierno" por el registro practicado en la Brigada de Interior en relación con la querella de AP sobre supuesto espionaje a este partido. Del Río anunció una posible querella criminal contra el magistrado. La Junta acordó rechazar "con la mayor firmeza cualquier intromisión en la actividad de los órganos jurisdiccionales".

La reunión de los jueces penales de Madrid se inició el pasado miércoles y concluyó ayer. El miércoles, varios magistrados criticaron la actitud del decano, Salvador Domínguez, al recibir injustificadamente el día anterior al director general de la Policía y abrazarle públicamente sin explicar las razones concretas de la entrevista y creando confusión en la opinión pública sobre la misma. Vázquez Honrubia dio cuenta de la llamada telefónica del director general de la Policía recibida el pasado 11 de junio (así se dice en la nota informativa, aunque según otras fuentes judiciales se produjo el martes anterior, 4 de junio).Según el magistrado, Del Río le puso de manifiesto "el profundo malestar del Gobierno por el registro acordado por el mismo en las dependencias de la Brigada de Interior, y por la ocupación e intervención de documentos obrantes en la misma", en relación con la causa penal que instruye el juzgado del que es titular Vázquez, como consecuencia de la querella criminal promovida por AP.

Vázquez Honrubia informó también que dicho mando policial le agregó que estaba "en estudio una querella criminal" contra su persona. Seguidamente el'citado magistrado se ausentó, para no influir en la decisión de la Junta. En la misma reunión se dio cuenta de que el fiscal general del Estado había estudiado "la legitimidad" de la resolución del titular del Juzgado de Instrucción número 21 y de las similares que pudieran dictarse en el futuro.

En el acuerdo adoptado ayer, los jueces penales, tras manifestar "el dolor y espanto" producido por los recientes asesinatos terroristas, expresan "en cumplimiento de lo que estiman su deber", que "rechazarán siempre con la mayor firmeza cualquier intromisión en la actividad de los órganos jurisdiccionales que ponga en peligro su independencia, muy especialmente cuando proceda de esferas administrativas y gubernamentales que deben ser las primeras com prometidas en que el personal a su servicio respete escrupulosamente la Constitución, el resto del orde namiento jurídico y los derechos y libertades que una y otro reconocen y garantizan".

La Junta manifiesta su conven cimiento de que "el Ministerio Fiscal cumplirá estrictamente con la misión de velar por la independencia de los tribunales, que le atribu ye el artículo 124.1 de la Constitución, cualquiera que sea la instan cia de donde provengan las posibles amenazas para la misma ejercitando, si llegare el caso, las acciones para perseguir aquello hechos que pudieran constituir de lito, y resistiéndose a cualquier tentativa de instrumentalizar a dicho Ministerio Público".

En cambio, la Junta de Jueces "se sorprende de que el Consejo General del Poder Judicial, conocedor de los hechos que anteceden", dice, "haya mantenido una actitud de silencio que contrasta con el celo desplegado en otras ocasiones en que creyó en entredicho la independencia de los tribunales, y confia en que, sin demora, emprenda las gestiones precisas para preservarla en estas circunstancias". Fuentes del CGPJ dieron cuenta de un acuerdo genérico por el que se dispone a ,,emprender un serio estudio" sobre los problemas planteados por "la función y riesgos que asumen las fuerzas de Seguridad del Estado" y el amparo que corresponde a los jueces respecto a los valores constitucionales.

Una vez hecho público el acuerdo de la Junta de Jueces, el Grupo Parlamentario Popular anunció, según informa Anabel Diez, que interpelará al presidente del Gobierno "para que el Gabinete se excuse ante el poder judicial y depure las responsabilidades de los ministros y altos funcionarios que hubieren intervenido en dichos actos, los cuales", dice, "deben ser inmediatamente cesados". EL PAIS se puso en contacto a las 19.05 de ayer con el despacho de Del Río en donde informaron que no se encontraba allí ni sería posible localizarle hasta hoy, a pesar de que se hizo constar el interés de este periódico por conocer la versión del director general sobre el acuerdo de la Junta de Jueces que le afecta personalmente.