La reforma de la Administracion y las retribuciones de los funcionarios

El autor comenta la necesidad de cambiar un sistema retributivo irracional para los funcionarios, que implica que se cobre por el cuerpo al que se pertenece y no por el puesto que se desempeña. Asimismo defiende al funcionario, que en principio no es ni mejor ni peor que el trabajador del sector privado. Si la productividad de la Administración española es tan insuficiente, se trata de un problema de organización imputable a los políticos que han mandado en los últimos 200 años.

La experiencia de los últimos años está demostrando la enorme limitación que el bajo nivel de eficiencia del aparato administrativo supone para que el poder político pueda aplicar una línea de cambio determinada. Las más brillantes ideas y los mejores propósitos pueden estrellarse contra la inercia y la rutina, y quedar sin virtualidad por no disponer de un eficaz instrumento para llevarlos a la práctica.Sin embargo, nada más lejos de mi intención que insinuar acusaciones o imputar responsabilidades que recaigan sobre los empleados públicos. El funcionario, en principio, no es ni mejor ni peor que el trabajador del sector privado, y si la productividad de nuestra Administración pública es tan insuficiente, se trata de un problema de organización imputable a los políticos que la han dirigido durante los últimos 200 años y que, más preocupados por las acciones brillantes y efectistas a corto plazo, han descuidado la árida e ingrata labor de mejorar la infraestructura del sector público.

Las insuficiencias

Ahora bien, el aparato administrativo del Estado adolece de tal cantidad de insuficiencias que si no se reforma en profundidad resultará de todo, punto imposible modernizar y cambiar este país. Sin pretensión de exhaustividad, conviene recordar algunas de ellas: mala organización y falta de implantación de métodos modernos de gestión, contabilidad, evaluación y control, y notoria despreocupación por la provechosa utilización de los recursos económicos; deplorable política de personal, que fomenta la rutina y penaliza la iniciativa y la voluntad innovadora; sobrevaloración del formalismo en perjuicio de la utilidad del resultado y la calidad del servicio; excesiva concentración del poder y la responsabilidad en la cúspide, con el consiguiente desaprovechamiento de la capacidad y potencialidades de muchos funcionarios, que se ven, así, tentados por el absentismo y la inactividad; grave déficit de cuadros, como consecuencia de una política retributiva totalmente irracional.

¿Qué cabe hacer ante este estado de cosas? Una primera evidencia es que, en la organización administrativa, el personal constituye, con diferencia, el elemento fundamental, ocupando los medios materiales y la tecnología un lugar muy secundario. En el presupuesto consolidado de las administraciones públicas para 1.985, los gastos de personal, que ascienden a 2,6 billones de pesetas, representan el 70% del valor total, a precios de coste, de los bienes y servicios producidos. De ahí que la correcta gestión de los recursos humanos resulte esencial en el análisis de esta problemática.

En mi opinión, y a riesgo de pecar de simplista, la clave sobre la que hay que actuar es la motivación. Hay que incentivar al funcionario esforzado y laborioso, y se debe penalizar al negligente, absentista u ocioso. Hay que atraer hacia la Administración a las mejores cabezas del país, evitando, por el contrario, la fuga de cerebros que en la actualidad se produce hacia el sector privado.

En esta línea, el sistema retributivo desempeña un papel de primer orden, aunque, sin duda, no exclusivo. Se motiva con la promoción, con la formación o con el simple reconocimiento público de la labor bien cumplida, pero sobre todo con la retribución económica proporcional al esfuerzo realizado y al rendimiento obtenido. En la Administración, como en cualquier organización productiva, el régimen retributivo debe estar al servicio del resultado que se pretenda conseguir. La beneficencia o la redistribución de las rentas constituyen objetivos políticos principalísimos, pero su consecución tiene otros cauces, como son la Seguridad Social o el impuesto sobre la renta.

Irracionalidad

El sistema retributivo que se aplica en la actualidad es totalmente irracional, y no responde sino a la sedimentación y consolidación de decisiones históricas que fueron con frecuencia fruto del favoritismo o la presión social de uno u otro colectivo. Prevalece lo que el funcionario es -el cuerpo al que pertenece- sobre lo que hace -el puesto de trabajo que ocupa-, y no se tiene en cuenta en lo más mínimo cómo desempeña el empleado su cometido. Se producen así situaciones pintorescas: dos funcionarios que realizan el mismo trabajo y perciben retribuciones que difieren en más de un 50%; el superior jerárquico que cobra al mes hasta 60.000 pesetas menos que un empleado de él dependiente; el funcionario que ve sensiblemente disminuidas sus retribuciones totales por causa de haber sido promocionado, etcétera. De otra parte, el actual sistema no es transparente ni está siempre regulado por normas publicadas, por lo que no impide la arbitrariedad ni ofrece garantía alguna de legalidad.

Los objetivos esenciales del régimen retributivo de cualquier organización productiva en un entorno social de libertad y movilidad laboral, como lo es el de nuestro país, deberían ser: atraer y retener a los empleados y profesionales más idóneos, y, en segundo lugar, motivarlos adecuadamente para que desempeñen su trabajo con el máximo rendimiento que redunde en un resultado útil para la organización.

El primer objetivo está relacionado con el llamado equilibrio retributivo externo: los niveles salariales iniciales y el abanico que marca la diferencia en cualificación y experiencia deben ser competitivos con el mercado. El segundo objetivo lo está con el equilibrio interno: si no existe una justa correspondencia entre la preparación, el esfuerzo y el rendimiento de distintos empleados y sus respectivas retribuciones, surgen el agravio comparativo, la desmoralización y la desmotivación, que resultan, finalmente, en la ineficacia de todo el sistema.

Importancia del cambio

En base a estos principios, la Secretaría de Estado de Hacienda, en colaboración con la Secretaría de Estado para la Administración Pública, ha diseñado un nuevo sistema basado en la valoración de puestos de trabajo; el funcionario percibirá un sueldo base, que depende de su titulación; una retribución adicional, que estará vinculada al puesto de trabajo que ocupe, y un complemento de productividad, que dependerá del esfuerzo, interés e iniciativa con que desempeñe su trabajo.

El modelo está, sin embargo, pensando para que, inicialmente, las cuantías retributivas totales que percibe cada funcionario no sufran modificaciones significativas a la baja. Un cambio de régimen retributivo no puede suponer un salto en el vacío, y la adaptación requiere tiempo. La importancia del cambio reside sobre todo en la introducción de un nuevo modo de pensar; el funcionario será consciente de que en el futuro sus retribuciones evolucionarán en concordancia con el resultado que su trabajo aporte a la organización, y no en función del grado de dificultad que, muchos años atrás, tuvo que superar para ingresar en uno u otro cuerpo, ni tampoco habrán de depender del número de miembros de éste que hayan ocupado puestos de influencia. El nuevo sistema permitirá negociar y discutir sobre lo que el funcionario realiza y en cuánto beneficia su trabajo a la organización, evitando así los actuales, planteamientos corporativos.

Otra importante consecuencia es que se producirá un proceso de reasignación de efectivos dentro de la propia Administración: los mejores funcionarios estarán motivados para ocupar los puestos de mayor responsabilidad y dificultad, y no ocurrirá como ahora, que es indiferente ocupar un puesto u otro, pues la retribución no se ve afectada por ello.

Tampoco se puede ocultar que la modificación de un sistema retributivo significa romper con el equilibrio vigente y puede dar lugar a que afloren en aluvión reivindicaciones que antes permanecían latentes. Pero también el cambio levantará adhesiones: lógicamente, los empleados que trabajan bien verán mejorado su nivel de ingresos, mientras que los ociosos e indolentes quedarán perjudicados. El objetivo bien merece el esfuerzo, pues al final podremos conseguir una Administración pública racional y eficiente.

es director general de gastos de personal del Ministerio de Economía y Hacienda.