El abgado de Rafael Escobedo solicitará la revisión del 'caso Urquijo'

Marcos García Montes, ahogado defensor de Rafael Escobedo, anunció ayer que presentará un recurso extraordinario de revisión contra la condena de 53 años de reclusión impuesta a Rafael Escobedo por el asesinato de sus suegros los marqueses de Urquijo.

El abogado de Escobedo basará su recurso en los informes de los forenses, José Antonio García Andrade y Raimundo Durán García, en los que consta que el único condenado hasta la fecha no tenía capacidad mental para efectuar los disparos. Los forenses señalan que los hechos no constituyen un crimen pasional, sino un delito obra de profesionales.García Montes asegura que tiene pruebas para demostrar que Escobedo no tenía la pistola con la que se causó la muerte de los marqueses, y que la pistola que tenía Rafi se la había entregado a Juan de la Sierra.

El letrado considera que los datos que han salido a la luz como consecuencia de los informes policiales, las declaraciones de los vigilantes jurados y las contradicciones entre las declaraciones del administrador de los Urquijo, Diego Martínez Herrera, y el hijo de los marqueses, Juan de la Sierra, constituyen una línea de investigación importante que puede deparar muchas sorpresas.

Entre los datos aportados por los vigilantes figura que Diego Martínez Herrera había sido visto por ellos en la galería de tiro de la empresa de seguridad Transportes Blindados SA y habían podido constatar que es un experto y consumado tirador. Los vigilantes han afirmado que el administrador los trataba de forma dura y que les había ordenado dos días antes del crimen que no vigilaran la parte trasera de la finca.

Los vigilantes, y así lo ha reconocido el administrador, en contradicción con las declaraciones de Juan de la Sierra, vieron los casquillos del calibre 22 que el hijo de los marqueses arrojó a la basura, y que fueron recogidos por el administrador.

Por otra parte, Antonio García Pablos, abogado de Javier Anastasio, procesado como coautor, ha anunciado la presentación de sendos escritos ante el Consejo General del Poder Judicial y ante el Fiscal General del Estado en los que se hace una relación de las presuntas irregularidades existentes en el sumario. En el escrito se pide una investigación sobre las anomalías.