Las pensiones de la discordia

Ahora, hoy, algunos militantes socialistas con escaño en el Congreso o en el Senado sufren la angustia de tener que decidir entre ser fieles al partido que les alzó hasta su cargo, apoyando al Gobierno en la reforma de las pensiones, o seguir los criterios mayoritarios en UGT -sindicato en el que también ocupan un puesto de responsabilidad-, rompiendo la disciplina de voto. Tras dos años y medio de Gobierno socialista, se ha abierto un abismo entre la organización obrera y el partido en el poder. En el fondo, han cristalizado las lógicas contradicciones que supone el asumir dos papeles distintos dentro de organizaciones de la misma ideología.

R. SERRANO / B. CEBRIÁN, El pasado miércoles los miembros de la ejecutiva de UGT aprovecharon el carácter festivo de la jornada en Madrid para reunirse con la máxima discreción posible y recibir, formalmente, la dimisión del número dos del sindicato, José Luis Corcuera.

Aunque anunciada, la decisión del responsable de acción sindical suponía la más grave crisis vivida en el sindicato en los últimos años. Era, por otra parte, un paso más en el largo camino de enfrentamientos entre la central socialista y el partido en el poder.

La reforma de las pensiones de jubilación e invalidez propuesta, por el Gobierno había provocado, prácticamente desde su anuncio, una fuerte crispación entre el sindicato y el Ministerio de Trabajo. Las tensiones no tardaron en superar el ámbito de la comisión creada en el Acuerdo Económico y Social (AES) para la reforma de la Seguridad Social, extendiéndose al conjunto de la familia socialista. Sectores del PSOE, en abierta oposición a las propuestas del Gobierno, llegaron a plantear la posibilidad de retrasar la reforma hasta una próxima legislatura.

A todo ello no era ajeno el hecho de que UGT hubiera adelantado, desde el comienzo de las negociaciones, su rechazo a unas medidas que, a su entender, no solucionaban el problema global del sistema de Seguridad Social.

Pero dentro del sindicato las posturas no resultaban coincidentes. Frente a la posición asumida por Nicolás Redondo -apoyada por la mayoría de los dirigentes-, José Luis Corcuera defendía la necesidad de apoyar al Gobierno y asumir su propuesta, convencido de que con ello se contribuía a garantizar el futuro del sistema público de Seguridad Social.

El apoyo que el comité confederal dio a las tesis de Redondo acentuó la sensación de soledad que desde hacía un año venía experimentando Corcuera y le decidió a plantear el abandono de sus tareas en la dirección del sindicato. Para el secretario de Acción Sindical, las críticas que, cada vez con más frecuencia, venía realizando la central socialista habían sobrepasado la prudencia con la que debía actuar la organización ante un Gobierno de la misma ideología.

Dolorosa decisión

Corcuera había expresado a sus más directos colaboradores su malestar y su intención de renunciar a su cargo en la ejecutiva. El partido y el Gobierno perdían así a una de sus más valiosas conexiones con UGT. Y la central socialista se quedaba sin la alternativa más clara a la secretaría general.

En el comité confederal se tomaba, además, una de las resolu ciones más importantes de la cen tral: salir a la calle para expresar con movilizaciones y manifestaciones su protesta. La resolución, un tanto confusa, dejaba abierta la posibilidad de dar marcha atrás en las acciones, siempre y cuando el Gobierno modificara sustancial mente sus propuestas. Cuando el 8 de mayo el Consejo de Ministros aprobó, casi por sorpresa, el proyecto, se comprobó que no se ha bían recogido las más importantes reivindicaciones de UGT.

Poco antes de que Corcuera anunciara su dimisión, Nicolás Redondo tomaba una de sus más dolorosas decisiones: no votar a favor del proyecto de ley sobre pensiones en el trámite parlamentario. Aunque él mismo pedía que no se interpretara como un reto, ni al partido ni al Gobierno, no descartaba que su postura podría ser objeto de medidas sancionadoras. "Que el partido haga conmigo, después, lo que crea conveniente".

Las palabras de Redondo fueron pronunciadas tras una intervención en el Club Siglo XXI, de Madrid, en la que no ahorró críticas a la política económica del Gobierno, que calificó de "excesiva y descompensada y que sólo está trayendo a nuestro país más paro, mas desigualdad y más miseria". Para el dirigente sindical, España no se había librado de una corriente conservadora que recorre los países europeos. El núcleo de su intervención fue muy similar a los criterios expuestos en el congreso de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que alertó a sus organizaciones afiliadas sobre las prácticas del "simple y puro librecambismo".

La amargura que Redondo expresaba en su discurso venía creciendo desde tiempo atrás. La reforma de las pensiones fue la oportunidad para plantear un viejo debate sobre el control del partido en el sindicato y la necesidad de clarificar posiciones. Para Redondo, asumir la posibilidad de abstenerse en la votación del proyecto de ley suponía ser fiel a la organización con la que se sentía más comprometido. Y actuar de acuerdo con su conciencia de sindicalista. Ese mismo mensaje fue el que, de alguna manera, lanzó a los demás parlamentarios vinculados a UGT. Son los que ahora tienen que optar entre su partido y su sindicato.

Siguen las incógnitas

La reunión del Grupo Parlamentario Socialista, en la que el ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, explicó el contenido y alcance de la reforma, no despejó las incógnitas sobre la intención de voto por parte de los diputados y senadores más significados por su militancia en la central. Nicolás Redondo prefirió no asistir a la sesión. Ninguno de los presentes planteó, sin embargo, la posibilidad de ejercer la cláusula de conciencia, aunque no faltaran las críticas al proyecto.

El rechazo de UGT a la reforma de las pensiones se basa en dos aspectos claramente diferenciados. En primer lugar, UGT no quiere reformas parciales que vayan condicionando medidas posteriores, y plantea, por tanto, que el problema se aborde en su conjunto. Pero una vez que el Gobierno ha desechado esta posibilidad, exige que, al menos, las propuestas no sean lesivas para los intereses de los trabajadores.

Así, entiende que el proyecto de ley de pensiones contiene aspectos que no pueden ser aceptados por el sindicato. Fundamentalmente, los puntos que aglutinan las mayores discrepancias se encuentran en el período para el cálculo de las prestaciones, la revalorización de las pensiones y el período transitorio.

En el proyecto del Gobierno se establece un período de cálculo que toma las bases de cotización de los últimos ocho años, revalorizando los seis primeros y dejando las correspondientes a los dos últimos en su valor nominal. La UGT propone que, cuando menos, se actualicen las bases de todos los años, de forma que el trabajador