Valerio fue apartado del 'caso Brouard' 10 días después de que el Gobierno mostrara su preocupación

B. DE LA C., Los testimonios aportados ante el juez en relación con la demanda de José Barrionuevo contra EL PAÍS permiten concluir que las diligencias judiciales acordadas, a petición del fiscal Valerio, sobre el asesinato de Santiago Brouard provocaron la preocupación del sector del Gobierno afectado por los mismos, esto es, los departamentos de Defensa e Interior. El 28 de diciembre de 1984 el ministro de Justicia trasladó al fiscal general del Estado los oficios y la preocupación citada, y 10 días después el fiscal Valerio fue relevado, al no admitir las condiciones que le indicó el fiscal jefe de Bilbao para continuar en el caso.

El 27 de diciembre de 1984 llegaron a Madrid los oficios procedentes del Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao, en los que el titular del juzgado recalcaba que las diligencias ordenadas lo eran "la petición del fiscal". Sendas copias de los oficios fueron entregadas al día siguiente, 28 de diciembre, al ministro de Justicia, Fernando Ledesma, quien las trasladó en la tarde de ese mismo día al fiscal general del Estado en funciones, Cándido Conde-Pumpido, con la preocupación de los departamentos afectados.

Desde el mismo despacho del ministro, Conde-Pumpido se puso en contacto con el fiscal jefe de Bilbao, quien expresó su sorpresa por el contenido de los oficios y anunció que investigaría sobre el caso. Al día siguiente, 29 de diciembre, el fiscal jefe de Bilbao, Fermín Hernández, llamó por teléfono al domicilio de Conde-Pumpido para confirmarle que el fiscal Valerio había solicitado esas diligencias, pero que desconocía en qué se había apoyado para hacerlo y no podía facilitarle más información porque Valerio se encontraba ausente de Bilbao.

Fermín Hernández manifestó su deseo de hacerse cargo personalmente del caso, pero Conde-Pumpido le indicó que no le parecía oportuno y le aconsejó que pusiera su mayor experiencia al servicio de la investigación, pero sin apartar del caso al fiscal personado en el mismo, sino exigiéndole un cumplimiento riguroso de sus obligaciones. El día 30 de diciembre de 1984, Fernando Ledesma, que se encontraba de vacaciones fuera de Madrid, llamó por teléfono al domicilio de Conde-Pumpido, quien le dio cuenta de la conversación mantenida con el fiscal jefe de Bilbao.

El 7 de enero de 1985, Fermín Hernández llamó de nuevo a Conde-Pumpido y le comunicó la resistencia de Valerio a continuar desempeñando sus funciones en los términos que se le indicaban, por lo que pedía su relevo. Valerio fue además expedientado y sancionado.