Los fiscales del 'caso Banca Catalana' retiran dos recursos tras ver satisfechas sus peticiones
Los fiscales del caso Banca Catalana, José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo, han decidido retirar los recursos de queja presentados ante el pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona al considerar que las últimas medidas adoptadas por el juez instructor, Ignacio de Lecea, representan dar plena satisfacción a las peticiones que motivaron sus recursos. Ello significará un importante acelerón en la marcha del proceso, ya que evitará la celebración de un engorroso procedimiento y una vista de apelación por el pleno.
Entre finales de 1984 y principios de 1985, los representantes del ministerio público solicitaron la práctica de varias pruebas y documentos que consideraban necesarios para los fines del sumario. Los fiscales pedían tener acceso a los balances de 18 empresas relacionadas con Banca Catalana y a la documentación referente al funcionamiento de la llamada caja B, y requerían que el ex presidente del banco Jaume Carner Suñol aportase los documentos referentes al destino que se había dado a los 400 millones de pesetas recibidos por él como préstamos de Catalana.El juez, que denegó estas peticiones en un principio, ha optado finalmente por admitir todas estas pruebas solicitadas por los fiscales. Así, el ministerio público ha conseguido sustancialmente sus pretensiones por propia iniciativa judicial, y sin tener que esperar a la resolución de los recursos.
En dos ocasiones anteriores, los fiscales lograron el respaldo del pleno de la Audiencia a su peticiones. Primero, en los recursos de admisión de la querella y en la declaración escrita del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, uno de los querellados. Un tercer recurso, relativo a la petición de fotocopias de la documentación, lo resolvió también favorablemente para el ministerio público el propio juez instructor.
Con la práctica concesión de las peticiones de los fiscales, el instructor ha evitado la celebración de un nuevo pleno de la Audiencia, que tenía muchas posibilidades de que terminase como los anteriores, reconociendo las tesis jurídicas de José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo.
No obstante, aunque en lo sustantivo el juez ha accedido a las demandas del ministerio público, en el caso de Jaume Carner, el procedimiento formal decidido por el instructor no es exactamente el mismo que pedían los fiscales. El ministerio público había solicitado el requerimiento personal y de manera urgente del querellado para que explicara documentalmente en qué actividades se habían invertido los 400 millones de pesetas que le había concedido Banca Catalana en concepto de préstamo y que sólo fueron devueltos en parte.
El instructor, que denegó en un principio que se practicase este requerimiento, ha optado posteriormente por otra fórmula, aunque, para la práctica procesal, el resultado es el mismo. Ignacio de Lecea ha invitado a Jaume Carner para que, con apercibimiento de los perjuicios que le pueda deparar su incumplimiento, aportase las pruebas solicitadas. La realidad es que Carner ha aceptado este procedimiento y ha enviado un escrito en el que señala que atenderá la invitación del juez.
En relación con la caja B, los acusadores públicos consideran que el acceso a la documentación es imprescindible para los fines del sumario. En este aspecto señalan que la caja B era el vehículo principal mediante el que se apartaban los fondos propios de la entidad bancaria para aplicarlos a fines diversos no permitidos a los administradores de la entidad. Los fondos de esta caja servían para sobresueldos, intereses complementarios y superiores a los autorizados y para créditos irregulares.
