Los estudios técnicos sobre las televisiones privadas tardaran aun tres meses
El Gobierno ha aplazado la decisión sobre la regulación de la televisión privada hasta conocer los resultados de una serie de estudios técnicos y financieros que están realizando expertos de la Administración. Estos estudios no estarán terminados hasta dentro de tres meses, por lo que el Gobierno no optará por ningún modelo de reparto de los canales de televisión privada sin antes haberlos examinado según se desprende de las manifestaciones que hizo ayer el director general de medios de comunicación social, Francisco Vírseda, en el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid.
Vírseda, que asistió en sustitución del ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, a la presentación de la alternativa que ofrecen los ingenieros de telecomunicación a la regulación de la televisión, dijo también que el Consejo de Ministros del próximo día 22 estudiará algún aspecto de este tema en el anteproyecto de la ley de Ordenación de las Comunicaciones (LOC), aunque aseguró que este texto no sera aprobado por el ese consejo.En opinión personal de Vírseda, la LOC sólo se referirá a los aspectos técnicos de la televisión, y por tanto no tendrá rango de ley orgánica. Este rango quedaría para otra ley que regulase las televisiones privadas y que desarrollara derechos fundamentales que figuran en la Constitución.
Cuatro canales nacionales
Una de las conclusiones de la junta de gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación ante este problema señala que España cuenta con frecuencias suficientes para establecer cuatro canales nacionales (uno en VHF y 3 en UHF) de televisión, además de disponer de algunos emplazamientos de una cuarta frecuencia en UHF que podría ser soporte de un quinto canal de cobertura muy limitada, de acuerdo con la Conferencia de Estocolmo de 1961.
Los ingenieros de Telecomunicación estiman, no obstante, que los condicionamientos que plantea la Conferencia Europea de Radiodifusión de Ondas Métricas de Estocolmo deben ser revisados en un Plan Técnico "que ,debe constituir el dato previo para que el G9bierno pueda tomar la decisión política de ampliar la oferta televisiva, decidiendo el número de nuevos canales, el ámbito de su cobertura y los condicionantes de las con cesiones". El Plan Técnico del que hablan los ingenieros debe ser, en su opinión, anterior a cualquier intento de regulación.
Desde la Conferencia de Esto colmo la situación y explotación del espectro radioeléctrico se ha complicado sensiblemente en España tanto por la difícil oro grafía que ha hecho cambiar algunas frecuencias, como por las interferencias de otros canales y sobre todo por la adecuación de TVE al fraccionamiento autonómico. Por otra parte, las comunidades autónomas que han puesto en marcha su tercer canal han planificado sus redes de una forma autárquica.
Todos estos hechos demuestran una confusa situación con vistas a las posibilidades de obtener nuevos canales de cobertura nacional para ampliar la actual oferta televisiva de acuerdo con el Plan de Estocolmo.
Ambito legislativo
En el ámbito legislativo, los ingenieros consideran que en primer lugar debería aprobarse la ley de Ordenación de la Comunicaciones (LOC) con carácter de ley orgánica. En segundo lugar, afirman, debería aprobarse una decreto por el que se creara una Dirección General de Telecomunicaciones que asumiera todas las competencias en materia. de radiodifusión y televisión y que sería la responsable del Plan Técnico. En tercer lugar, habrían de realizarse los planes técnicos de cobertura. En cuarto lugar sería necesario aprobar una ley de Regulación de la Televisión en la que se autorizase expresamente la televisión privada y se regulara el procedimiento de aceso a las concesiones. Finalmente, se haría una oferta pública para las concesiones de emisión.
Ordenar el caos actual
El escenario actual de la televisión en España no tiene, según los ingenieros, una correcta ordenación y ni siquiera es el más adecuado para permitir el acceso a los medios de teledifusión de todas las sociedades que ya prestan servicios de hecho. Por tanto, si se quiere dar cabida a nuevos canales, privados será necesaria previamente una reordenación del espectro radioeléctrico y del sistema de redes de transmisión de señales.En la actualidad existen tres sociedades públicas de televisión, una estatal. (RTVE) y dos autonómicas (ETB de Euskadi y TV3 de Cataluña). Cada una de ellas dispone de una red que soporta la distribución y difusión de programas independiente de las otras. El próximo mes de julio comenzará a funcionar la televisión de la comunidad autónoma gallega en similares condiciones. Las comunidades valenciana y madrileña han decidido también poner en marcha sus respectivos terceros canales. El resto de las comunidades podrá promover sociedades similares.
Si no se modifica la actual legislación, las nuevas sociedades teledifusoras que surgirán tendrán que compartir la red de RTVE, que, de acuerdo con la ley reguladora del Tercer Canal de 1983, tiene la exclusiva de los sistemas de emisión y transmisión mediante cable, satélite o cualquier otro procedimiento de difusión o televisión destinado al gran público.
En este caso la ordenación no sería neutral, puesto que reserva para una de ellas la propiedad y explotación del servicio de red, mientras que el resto queda relegado a la categoría de usuarios de un servicio que presta un competidor. Se da, además, la paradoja, de que esta norma ni siquiera se cumple en algunas de las actuales emisoras, puesto que cada estación autonómica tiene su propia red.
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