Alianza Popular solicita acceso a los archivos policiales para saber que asuntos del partido fueron espiados

Alianza Popular (AP) ha comunicado a altos cargos gubernamentales su deseo de tener acceso directo a los archivos de la Brigada de Interior, en los que están almacenados numerosos documentos reservados conseguidos por miembros de la citada unidad policial, según comentó ayer Alfonso Osorio, vicepresidente de AP. Manuel Fraga, presentó ayer una interpelación sobre el caso en el Congreso y, paralelamente, AP interpuso una querella ante los tribunales, entre otros motivos, por "revelación de secretos". El vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, y el ministro del Interior, José Barrionuevo, negaron ayer cualquier responsabilidad en el caso y manifestaron el interés del Gobierno "de llegar hasta el final" para aclarar el escándalo.

La querella de AP, presentada a última hora de la mañana, ha sido interpuesta "contra la persona o personas que hayan realizado las investigaciones de las actividades del partido, u otros responsables". AP señala en la denuncia que, "desde hacía algunos meses", en el partido había "razones fundadas para sospechar la existencia de algún tipo de espionaje". "y tenía la constancia de que determinados documentos altamente confidenciales habían llegado a poder de terceras personas, distintas de sus destinatarios".Según la denuncia de Alianza Popular -en la que se describen los datos incluidos en la información sobre el caso, publicada en EL PAIS del pasado domingo, día 12 de mayo-, los hechos "son constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos de las personas, particularmente del derecho de asociación, así como de un delito de descubrimiento y revelación de secretos".

Osorio afirmó que, dentro del PSOE o del Gobierno, "ha habido personas que han estado presumiendo de tener documentos confidenciales de AP". Entre éstos citó al vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra; a Guillermo Galeote, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, y á Eduardo Martín Toval, uno de los portavoces socialistas en el Congreso. "Nos han metido un topo en el partido y se han portado como maleducados", precisé el vicepresidente de A.P.

Ministros a declarar

AP solicita a las autoridades judiciales que en el juzgado pertinentese tome declaración a las siguientes personas: Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno; José Barrionuevo, ministro del Interior; Julián San Cristóbal, director de la Seguridad del Estado; Jesús Martínez Torres,- comisario general de Información; Alberto Elías, jefe de la Brigada de Interior; Eduardo Martín Toval, uno de los portavoces del Grupo Socialista en el Congreso, y Carlos Yárnoz, autor de la información aparecida el pasado domingo en este diario.

La interpelación de Fraga indica que las investigaciones policiales descubiertas son "un hecho lo bastante grave" como para que el Gobierno informe, entre otras, sobre estas cuestiones: desde cuándo existe constancia de que la Brigada de Interior practicaba esas investigaciones; nombres, puestos y dependencias jerárquicas de los funcionarios que las hacían, así como destino de las informaciones conseguidas; situación del informe gubernamental abierto por esta cuestión; extensión de las informaciones conseguidas, reservadas y privadas, "con detalle puntual de aquéllas"; medidas del Gobierno para evitar este tipo de actividades policiales.

La junta de portavoces del Congreso de los Diputados decidirá mañana si la interpelación será debatida en el Pleno de la Cámara baja de la próxima semana -tesis que será defendida por AP- o si el debate se fija para fechas posteriores, como insinuó ayer algún dirigente del PSOE.

En su interpelación, AP no incluye la pregunta de cuáles eran las autoridades de mayor jerarquía que daba las órdenes o autorizaban la práctica de ese espionaje político.

"Normal en cualquier país"

En relación con este problema, el ministro del Interior, José Barrionuevo, manifestó ayer que, en efecto, la Brigada de Interior ha investigado a diversas "entidades", hecho que calificó como normal en cualquier país", según informó Efe.

Mientras tanto, el secretario general del PCE -partido también investigado por la brigada-, Gerardo Iglesias, dijo en Zaragoza que Barrionuevo "no parece un ministro de la democracia". "Todos sabemos que estamos vigilados y controlados", añadió.

Por su parte, Carlos Otamendi, de la Coordinadora da Organizaciones Pacifistas, calificó de "borchornoso" el hecho de que estos grupos, cuya actividad es "clara y nítida", según comentó, sean investigados por la policía.